Los bolsos con las supuestas coimas, la aparición de una docena de empresarios arrepentidos y los ex funcionarios presos e imputados por el escándalo de los cuadernos volvieron a instalar la idea del Gobierno de avanzar en ciertas leyes más estrictas para el combate de la corrupción.

Cuando el presidente Mauricio Macri advirtió el jueves pasado a los empresarios en el encuentro de la Asociación Empresaria Argentina ( AEA) que no "va a hipotecar su gobierno" para "defender a nadie fuera de la ley", reflotó tres proyectos escritos por Cambiemos: la nueva Ley de Ética Pública, una Ley para el Indec y de datos personales. Al combo sumó el reclamo para que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, que recupera los bienes o sumas de dinero provenientes de acciones ilícitas en perjuicio de la democracia, un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2016 y aún espera su tratamiento en el Senado.

Desde el año pasado, el Gobierno viene trabajando en el anteproyecto de la Ley de Etica Pública a través de la Oficina de Anticorrupción que conduce Laura Alonso. El texto busca modificar a la ley 25.188 que data del 29 de septiembre de 1999. El trabajo realizado por el Ejecutivo está terminado. En este contexto de "tormenta" económica y aprovechando el desfile de ex funcionarios kirchneristas por Comodoro Py, Macri está decidido a enviar el proyecto al Congreso.

La nueva legislación plantea dentro de los principios y deberes éticos la cuestión del nepostismo, un tema que el Presidente tuvo que saldar con el decreto 93/2018 por el caso Triaca con una purga de parientes directos de los ministros del Gabinete. El anteproyecto involucra a todas las jerarquías hasta el rango de ministros y suma a los vínculos de hasta segundo grado de todos los senadores y diputados de la Nación, a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Los cambios incluyen nuevas normas de las declaraciones juradas que tiene que ver con la ampliación de los datos, como incluir créditos y deudas; información de los familiares como hijos y cónyuge; cambia el criterio para declarar el conjunto de inmuebles; y se suman los fideicomisos en el país y en el extranjero.

El capítulo de "conflicto de intereses" es el que más de cerca toca a los miembros del Gabinete. El texto incorpora la definición de conflicto de interés "cuando concurren a la vez el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico". Allí abre la opción de venderlos a "un tercero no relacionado" o "construir un fideicomiso ciego". La segunda opción es la que eligió Macri para administración sus bienes. La nueva norma establece que deben desprenderse los "titulares de acciones u opciones sobre acciones, bonos o cualquier otro título valor emitido por sociedades anónimas abiertas". También se incluye limitaciones posteriores a la cese de la función en el cargo.

El proyecto define un régimen de obsequios de funcionarios. Quedan vedados de recibirlos durante la función pública, salvo los regalos de cortesía, protocolares, o gastos de viaje.

El Gobierno no había mostrado prisa en avanzar en esta norma de transparencia e incompatibilidad con los cargos públicos. Ahora considera un necesario cambio de la legislación vigente desde 1999 cuando estalló el escándalo de los cuadernos.

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