La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) se pronunció contra del proyecto de "Mochila Argentina" que motorizan empresarios para la creación de un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) y reemplazar la normativa sobre compensaciones por cesantías.

"Su única finalidad es reducir los costos empresariales", apuntó la agrupación que preside Cynthia Benzion en un documento respecto a presuntos beneficios económicos, laborales y financieros por la adaptación local al modelo austríaco del SGI, adelantado ayer por BAE Negocios. "Las realidades sociales, económicas, fiscales y de recursos estatales entre Argentina y Austria distan de ser similares", sustanciaron.

La AAL expresó que en pandemia "y ante normas que no limitan el poder empresario, una justicia del trabajo casi paralizada, estructuras sindicales debilitadas en su poder de presión y negociación, y un Estado incapaz de ejercer el poder de policía es claro que las modificaciones pretendidas sólo buscan reducir más los escasos niveles de protección legal para trabajadores y trabajadoras".

El SGI, según el proyecto en estudio en despachos oficiales, plantea la creación de un fondo para ser administrado por la Anses, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control, financiado con aportes de los empleadores calculados sobre la masa de salarios que abonan.

Los laboralistas recordaron que el derecho al trabajo constituye un derecho humano fundamental para quienes viven del mismo y del salario como única fuente de subsistencia. "La estabilidad y protección contra el despido arbitrario, constituyen un amparo contra los efectos nocivos del despido y de la pérdida del empleo", alertaron. El enfoque sobre la "Mochila Argentina" se resume para los abogados con la única prioridad de reducir los "costos empresariales".

"La Corte ya se expidió"

Recordaron incluso que la Corte Suprema en ocasión del "Fallo Milone" cuestionó la constitucionalidad de indemnizaciones abonadas mediante "rentas periódicas" para accidentes y enfermedades profesionales, sobre argumentos que pueden extenderse a otros casos.

La AAL evaluó que incluso se pretende generar un régimen de seguridad social de seguro por desempleo a cargo del Estado. "Se trata de regímenes que en todo caso, deben complementarse y no sustituirse como pretende el proyecto".

En cuanto al concepto empresario del "costo laboral" esa asociación de letrados también recordó los denominados "contratos basura" creados por la ley 24.013 con el objetivo de crear puestos de trabajo mediante la flexibilización de condiciones laborales. "Allí no sólo no se cumplió su objetivo sino que se registraron los índices de desempleo más altos de nuestra historia, lo que llevó a su derogación".

Y presentaron como contracara el el crecimiento del empleo registrado post 2001 en virtud de variables macroeconómicas. "La creación de empleos depende de la iniciativa de los empresarios, y no resulta imputable a la legislación laboral el aumento de los niveles de desocupación o la falta de creación de nuevos puestos de trabajo".