El Gobierno adelantó que intentará nuevamente en febrero avanzar con el proyecto de reforma laboral que quedó trabado en el Senado, pero el justicialismo ya ofreció las primeras señales de resistencia y buscará postergar el debate.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado pero los senadores justicialistas encabezados por Miguel Ángel Pichetto se negaron a tratarlo debido a la falta de una postura unificada en la CGT, sector al que toman como referencia en los temas relacionados con el mundo laboral.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció días atrás que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para febrero con el objetivo de aprobar la reforma, pero en las últimas horas Pichetto descartó esa posibilidad.

“Para febrero no creo que constituyamos la Comisión de Trabajo. No tengo ningún interés en hacerlo”, expresó en declaraciones a un matutino porteño el jefe del Bloque Justicialista, única bancada con la que Cambiemos puede dialogar para aprobar las iniciativas del Gobierno. 

Al ser consultado sobre la negativa a tratar en febrero el proyecto de reforma, el senador rionegrino señaló que su bloque no quiere “jugar con los tiempos del Gobierno” y que, además, el Ejecutivo tiene que acordar “primero con los sindicatos”.

“No estamos dispuestos a tolerar que se construyan iniciativas que no son defendidas por el propio Gobierno. (El asesor del presidente Mauricio Macri, Jaime) Durán Barba cree que gobernar es hacer una elección”, agregó.

Pichetto se expresó así días después de que Peña confirmara que el Gobierno espera poder tratar el proyecto “en el marco del diálogo, en las extraordinarias de febrero”, al tiempo que recordó que la reforma fue “consensuada con la CGT”.

En efecto, el triunvirato que encabeza la CGT había aceptado el proyecto antes de que el Ejecutivo lo enviara al Senado, pero el dirigente del gremio de Camioneros Pablo Moyano lo crítico públicamente y en varias oportunidades, al tiempo que dijo que no permitiría “una Banelco en el Senado”, en alusión al caso de sobornos del año 2000.

Esa falta de cohesión interna de la central gremial y especialmente los dichos de Moyano llevaron a que Pichetto y los senadores justicialistas anunciaran en noviembre que habían decidido suspender el tratamiento del proyecto.

Fuentes del Bloque Justicialista indicaron en aquel momento que la pretensión de los senadores era que los tres secretarios generales de la CGT, Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, fueran a la Cámara alta en persona a defender el proyecto.

También esperaban que el referente de la CGT y líder de Camioneros, Hugo Moyano, se expresara al respecto y develara si las críticas de su hijo Pablo eran una postura personal o representaban al moyanismo, todavía fuerte en la central gremial.