Cuando faltan 3 días para que se cumpla un nuevo aniversario de la primera movilización de "Ni una menos" y hay registrados más de cincuenta femicidios desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad,  Elizabeth Gómez Alcorta, advierte que el "80 por ciento de las víctimas de femicidio nunca se acercó al Estado" y que para revertir esa situación es central la articulación con el Poder Judicial de la Nación y las provincias. "En pocas semanas estaremos presentando el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género que nos va a permitir tener una hoja de ruta para comenzar a trabajar en los déficits que existen", adelanta a BAE Negocios.

—A excepción de Tucumán, que recién adhirió a la Ley Micaela en estos días, ¿cómo están funcionando las capacitaciones sobre la violencia de género en el resto del país?
—A cinco meses de haber asumido ya realizamos las capacitaciones obligatorias a las máximas autoridades, tanto del Poder Ejecutivo y del Legislativo de la Nación. Esto evidencia la importancia que tiene para la actual gestión de gobierno esta ley. Desde el ministerio revertimos la lógica de implementación de la Ley Micaela y comenzamos por la formación de las máximas autoridades, incluido el propio presidente, para promover una lógica de compromiso y decisión política respecto de la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todo el Estado. Necesitamos que quienes deben pensar, diseñar y planificar las políticas públicas lo hagan con esta mirada para promover intervenciones del Estado y programas que colaboren con la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias por motivos de género. Además convocamos a encuentros interministeriales de implementación de la Ley Micaela para analizar los nuevos contenidos mínimos que se definieron y los nuevos lineamientos para la certificación de las capacitaciones. Y estamos implementando un curso virtual tutoreado para garantizar la calidad de la capacitación a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública.

—¿Cuál es el grado de cumplimiento de la norma a nivel nacional?
—Si bien somos la autoridad de aplicación de la normativa en los tres poderes del Estado nacional, las provincias tienen autonomía respecto a su implementación. Todas las jurisdicciones del país adhirieron a la ley, sólo faltaba Tucumán que lo hizo pocos días atrás. De todas maneras, estamos trabajando en conjunto con todas las provincias a través del Consejo Federal, donde compartimos los contenidos mínimos y los lineamientos rectores de la ley. La participación es muy activa, hay mucho interés.

—¿En qué medida hay cambios en la conducta de las funcionarias y los funcionarios que participaron de la capacitación?
—Esto lo vamos a poder responder más adelante. Lo que sí podemos afirmar es que nos encontramos con una demanda muy alta por parte de todos los ministerios para implementar la Ley Micaela y hay una excelente predisposición para construir una agenda de género transversal. En este sentido, estamos muy satisfechas con los aportes que todos los ministerios realizaron al Plan Nacional de Acción contra las Violencias.

—Si bien hay avances en cuanto a las políticas de género, la mayoría de los ministerios todavía están a cargo de hombres y las jefaturas de los bloques parlamentarios también, ¿qué cuestiones quedan pendientes de resolver en el terreno político para revertir esa situación?  
—Hay cosas muy importantes que están ocurriendo en este tiempo. No sólo se creó el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que además en todos los ministerios hay mujeres que expresan con claridad lo mejor de la experiencia de estos años de avances de los feminismos. Y eso se traduce después también en la posibilidad de articular y transversalizar las políticas públicas. Sin embargo, podemos ver que esa participación importantísima de mujeres en todos los ministerios no se traduce en los cargos ejecutivos máximos. Eso tiene que ver con una cultura patriarcal que está muy presente en nuestras sociedades aún y el Estado no está por fuera de eso. Tenemos un camino muy largo por recorrer pero no podemos dejar de ver cuánto hemos avanzado. Actualmente el 37,5% del Gabinete está integrado por mujeres, número que supera al de las gestiones anteriores. Si bien estamos por encima del promedio de participación de las mujeres en la región, nos falta todavía un largo camino por recorrer para garantizar la paridad de género y esa es parte de la agenda que tenemos por delante.

—¿Cuáles son las dificultades que hay desde el Estado para evitar que una mujer que es víctima de violencia de género, aun cuando hace la denuncia, termine asesinada?
—Sabemos que el 20 por ciento de las mujeres víctimas de femicidio denunciaron previamente los hechos y eso habla de dos cosas. Por un lado, que si después de un largo recorrido, una persona en situación de violencia llegó a hacer la denuncia y a pesar de eso fue asesinada, no funcionaron las instituciones que debían protegerla. Pero también ese dato indica que el 80 por ciento restante nunca se acercó al Estado. Entonces, tenemos que trabajar para garantizar uno de los derechos humanos básicos que es el acceso a la Justicia. Esta es una tarea fundamental que tenemos que hacer coordinadamente tanto los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos provinciales junto al Estado nacional dado que las denuncias tramitan en los poderes judiciales de cada jurisdicción.

—¿Qué se está haciendo en ese sentido desde el ministerio?
—Llevamos adelante foros federales participativos para el diseño de un Plan Nacional contra las Violencias de Género y en todo el país encontramos que hay un denominador común que tiene que ver con los déficits que tienen las administraciones de justicia. Las rutas críticas comienzan cuando una persona toma una decisión que es muy difícil que es la de salir de esa situación de violencia que atraviesa. La respuesta que le dé el Estado es central. Tenemos déficits estructurales en todo el país. El acceso a la Justicia, por sí mismo, no asegura poder salir de esa situación. Es un paso clave la respuesta que pueda dar el Poder Judicial pero las posibilidades de acceder a un trabajo, a un subsidio, al acompañamiento de dispositivos, tanto psicológicos o de otro tipo, son fundamentales. En eso estamos trabajando.

—¿Cuáles son las medidas específicas que se están tomando en el contexto de la cuarentena más allá de la línea 144 y la campaña de "barbijo rojo"?
—Intensificamos las vías de articulación y coordinación con los organismos y autoridades del Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales provinciales para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por motivos de género en el marco de la emergencia sanitaria. Recomendamos que se dicte la prórroga automática de las medidas de protección judiciales que podían vencer durante la cuarentena, a la vez que alertamos, tempranamente, sobre la preocupación del ministerio por las eventuales libertades o prisiones domiciliarias a los agresores sexuales o imputados o condenados por violencias por motivos de género. En todas las jurisdicciones, con distintas modalidades, se prorrogaron estas medidas. Además, gestionamos servicios ante necesidades concretas como los hoteles y recursos para las mujeres, sus hijas, hijos e hijes, que tienen que dejar sus hogares ante situaciones de violencias extremas. También trabajamos para dar respuestas ante demandas vinculadas con la vulnerabilidad socio-económica, a través de la asistencia alimentaria y, en articulación con el ministerio de Desarrollo Social con el que firmamos un convenio para incorporar a personas en situación de violencia por motivos de género al programa Potenciar Trabajo.

—Uno de los temas pendientes es el del aborto. El presidente Alberto Fernández adelantó  que enviaría al Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿cuándo lo hará y cuáles son los lineamientos principales del texto?
—Hay una decisión del Ejecutivo de no hablar del proyecto hasta tanto se envíe al Congreso para no generar especulaciones y, además, sería una falta de respeto para los legisladores y legisladoras que todavía no lo leyeron. Sí podemos decir que el proyecto estaba listo para presentar en los tiempos que anunció Alberto en la apertura de las sesiones legislativas y que la situación de emergencia sanitaria impidió poder enviarlo. El proyecto está en condiciones de ser tratado en estos meses y aspiramos a que sea ley este año.

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Gabriela Vulcano

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