Cada vez que habla del ex canciller fallecido Héctor Timerman se le quiebra la voz. En su oficina, a metros del Palacio del Congreso, la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, recurre con insistencia a la figura de quien fue su "gran amigo" para dar cuenta de una de las causas judiciales que considera como un ícono del lawfare. Según la coautora de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y abogada de múltiples ex funcionarios kirchneristas, la investigación por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que fueron procesados el ex ministro de Relaciones Exteriores y la actual vicepresidenta Cristina Fernández, responde a "intereses geopolíticos", pero sobre todo tiene como fin "diciplinar" puertas adentro. Deja la pena atrás, da una pitada rapidita y profunda al cigarrillo y advierte: "Sólo se disciplina a los que son culpables".

—¿Cuál es la principal tarea que le encomendó la vicepresidenta como directora general de Asuntos Jurídicos del Senado?
—Mi tarea es controlar la legalidad de los actos que firma la Presidencia del Senado, que no son las leyes. El Senado tiene licitaciones, paga sueldos, contrata gente. Ahora además estamos haciendo una auditoria sobre la gestión pasada porque tuvo bastantes situaciones poco claras respecto a contrataciones y despidos de personal.

—Una de las primeras medidas que tomó la ex vicepresidenta Gabriela Michetti cuando presidió el Senado fue revisar las contrataciones y despidió a más de 2 mil empleados.
—Nosotros no vamos a despedir a nadie. El sistema que aplicó Michetti fue distinto. Despidió y luego empezó a revisar. Nosotros estamos revisando antes de tomar cualquier medida, siempre pensando que el trabajo de la gente hay que cuidarlo, mientras haya sido regularmente contratada.

—En los últimos años, la judicialización de las políticas de gobierno se transformaron en una constante, ¿a qué cree que obedece?
—Hay sectores que encontraron en el Poder Judicial un aliado para obtener, por vías que no eran legítimas, resultados que a través de la propia política no podían garantizar. El gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, se caracterizó por dictar actos administrativos totalmente irregulares, como fue la modificación de la ley de Blanqueo. Lo hizo de espaldas al Congreso y derivó en una judicialización. Es una desnaturalización de la política y el Poder Judicial.

—¿Cómo se hace en casos como esos para que se respete lo votado en el Congreso sin tener que recurrir a la Justicia?
—No todo se termina resolviendo en la Justicia. Hay que hacer buenos debates políticos y buenos debates de ley. La ley de Medios la judicializaron, la estiraron pero finalmente se ganó en la Corte.

—Sin embargo, la ley de Medios no está en vigencia.
—Porque fue derogada parcialmente por un decreto de Mauricio Macri.

—¿Está en los planes del Gobierno impulsar una nueva ley de Medios?
—Me parece que hoy todo pasa por la economía.

—Usted, junto al abogado Alejandro Rúa, están a cargo de la defensa de ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, ¿por qué hay tantos miembros de esa administración implicados en causas judiciales?
—Porque hay una enorme persecución a ex funcionarios. Muchos de ellos y el propio gobierno de Cristina tocaron intereses que eran sagrados en este país. Claramente se buscó disciplinar. Hay determinadas causas que no se explican, como la de Guillermo Moreno. Pero igual no les funcionó porque si a alguien lo acusan injustamente sólo quiere vivir para demostrar su inocencia. Sólo se disciplina a los que son culpables. Los que no son culpables se sienten agraviados y quieren defenderse.

—¿Quiénes, por ejemplo?
Los imputados del Dólar Futuro. También tuvimos una causa que es dramática en la que el acusado era muy amigo mío, que es la causa Memorándum, donde defendimos a Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman. (Se le entrecorta la voz). Es una causa que desde el minuto cero no tuvo ninguna prueba. Se quiso hacer judiciales con la geopolítica.

—Respecto a la reciente discusión dentro del oficialismo sobre si hay o no presos políticos en la Argentina, usted señaló que se trata simplemente de un debate terminológico porque todos acuerdan en que los ex funcionarios detenidos no deberían estar presos, ¿por qué cree entonces que el presidente Alberto Fernández tuvo la necesidad de marcar la diferencia entre "presos políticos" y "detenidos arbitrarios"?
—Está claro que el presidente va a ser muy respetuoso de la independencia de los Poderes. Esta situación de detenciones arbitrarias la tiene que resolver el Poder Judicial. Los presos políticos no quieren indulto, quieren limpiar su nombre.

—¿Qué cuestiones considera que son urgentes reformar dentro de la Justicia?
—Hay algo que era muy grave en el Poder Judicial en la Argentina y recién ahora ha encontrado un límite serio que es la promiscua relación entre servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Cristina Caamaño -una profesional de la ostia y magnífica- está haciendo una tarea que es crucial. Nunca íbamos a tener un Poder Judicial democrático con servicios de inteligencia entrando a los despachos de los jueces y los fiscales.

—El primer paso es reformar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)...
—Sí, no hay manera de tener un juicio justo con estos servicios de inteligencia, que además actúan como una empresa privada. Y después hay que hacer reformas estructurales en el Poder Judicial. El problema no es sólo un juez como Bonadio porque él tenía una Cámara que le confirmaba su sentencia arbitraria y esa Cámara tenía una Casación que le confirmaba la sentencia y después tenías una Corte Suprema que no decía nada. Y además el Consejo de la Magistratura debería funcionar como corresponde. Estos años sólo funcionó para perseguir jueces específicos que querían echar.

—Entonces el problema no es sólo Comodoro Py sino el Poder Judicial en su conjunto...
Todo el Poder Judicial funciona mal. La Corte es la cabeza de ese Poder y tiene capacidad de superintendencia y no la ejerció. ¿Cómo podés tener arrepentidos que en un juzgado declaran una cosa y en otro juzgado declaran otra? Eso fue López. A mí me pasó algo muy dramático. Héctor Timerman se murió fruto de una persecución sin ninguna sentencia que lo declarara culpable. En noviembre, me llegó el rechazo de un pedido de excarcelación de Timerman. Hacía un año que se había muerto. Fue la Corte la que no controló.

—¿Cómo se puede avanzar en esa reforma sin que eso sea leído como una injerencia en la independencia del Poder Judicial?
—Haciéndolo por las vías correspondientes, por ejemplo enviando una ley.

—¿En qué medida modificar la estructura del Poder Judicial ayuda a poner un límite al llamado "poder permanente"?
—Va a ser difícil porque el poder permanente y el Poder Judicial tienen una característica común: persisten en el tiempo sin controles democráticos. El poder permanente porque es el dinero y el Poder Judicial porque logró escaparse del control democrático, como son las elecciones.

—Si bien varias veces usted dijo que la falta de esclarecimiento de la causa AMIA está vinculada a intereses geopolíticos, ¿cree que en caso de que se concretase una reforma judicial se podría avanzar en la verdad sobre el atentado, así como también saber qué pasó con el fiscal Alberto Nisman?
—Con Nisman ya sabemos qué pasó porque lo dijo la pericia de la Corte. Como había necesidad de validar la denuncia de Nisman con un objetivo político fueron detrás de la tesis del homicidio, algo que no se sostiene. El informe de Gendarmería -el cuál leí- es sumamente objetable desde lo técnico.

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Gabriela Vulcano

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