En lo que fue la segunda reunión informativa en el lapso de una semana en la Cámara de Diputados, la comisión de Acción Social y Salud Pública mantuvo un encuentro a través de videoconferencia con los ministros Daniel Arroyo, de Desarrollo Social; y Ginés González García, de Salud, para hacer un seguimiento y analizar las principales políticas que se adoptaron en materia de ayuda social y sanitaria en la Argentina en medio de la pandemia de COVID-19.

Con el objetivo de mostrarse activo ante el aislamiento obligatorio, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, encabezó, junto al presidente de la comisión, Pablo Yedlin, una reunión con los legisladores y los funcionarios nacionales, que expusieron las medidas que vienen desplegando de sus respectivas carteras. Arroyo puntualizó que las tres prioridades son "generar mecanismos para sostener los ingresos a las familias de la economía informal" -entre los que mencionó los bonos y montos extras para diferentes sectores de la sociedad-, "reforzar la asistencia alimentaria" mediante viandas y lograr "el menor movimiento posible en los barrios" para reducir la circulación del coronavirus.

El ministro de Desarrollo Social explicó a las diputadas y diputados que con la pandemia "la demanda alimentaria pasó de 8 millones de personas a 11 millones de personas" y destacó que se hizo "una compra rápida adicional de 12 millones de kilos de alimentos para Iglesias, organizaciones sociales, etc", se armó "un fondo rotatorio para provincias y municipios para la compra de alimentos y artículos de higiene" y que a las 400 mil personas que aún no recibieron las tarjetas alimentarias "se les hará la carga" en la tarjeta con la que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Y remarcó que los miembros del Ejército participan en el "reparto de comida" en casos puntuales en algunos municipios y aclaró que "van sin armas".

"La situación social ya era crítica y en este contexto se ha agudizado", subrayó Arroyo, horas después de que el Indec difundió que el Índice de pobreza alcanzó al 35,5 % de los habitantes en el segundo semestre del 2019.

González García, por su parte, aseguró que hay "muchos reactivos" y que se realizó un último pedido de "medio millón más", aclaró que "la Argentina tiene respiradores porque hay 8500 camas de terapia intensiva con respiradores en el sector público o privado" y detalló que "el promedio actual de ocupación es del 80%" y que en algunas provincias con la postergación de "cirugías programas" y la "caída de accidentes de tránsito" hay sólo un 50% de las camas ocupadas. "Queremos sumar 1000 o 1500 camas más", agregó el funcionario.

Además, el ministro de Salud dijo que están analizando la posibilidad de "eliminar cualquier impuesto aduanero para la compra en el exterior de recursos críticos" y anunció que está "propiciando un DNU que va a poner como de interés público a todo el sistema de salud".

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