Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron hoy el envío a juicio oral y público de la ex presidenta Cristina Kirchner y los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y fraude al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista.

La fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini, quien ya tiene los requerimientos de los querellantes en la causa y ahora pedirá opinión a las defensas para luego mandar el caso a sorteo de un tribunal oral, algo que ocurriría antes de fin de año, explicaron fuentes judiciales. Cristina ya fue enviada a juicio en otra causa penal por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, que investigó el juez federal Claudio Bonadio.

En esa investigación a cargo de Ercolini, la ex presidenta fue procesada el 27 de diciembre del año pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública con un embargo de 10.000 millones de pesos. Además están procesados De Vido, López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, el ex titular de Vialidad Nelson Periotti a raíz de contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante el kirchnerismo, que habrían sido direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

En total se relevaron 52 contratos con irregularidades que habrían incluido sobreprecios y pago de sobornos a la familia presidencial, según el dictamen fiscal. Ercolini está a cargo de esta investigación que según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la ex presidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades: Hotesur y Los Sauces.

Ambas investigaciones quedaron ya a cargo de Ercolini y en la primera, Hotesur, el juez debe definir las situaciones procesales de Cristina y los demás indagados mientras que en Los Sauces ya están procesados también por asociación ilícita la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y otros acusados.

El procesamiento de la ex Presidenta y actual senadora por la obra pública en Santa Cruz fue confirmardo por la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró probada la existencia de una asociación ilícita entre mayo del 2003 y diciembre de 2015, durante los gobiernos kirchneristas, formada para "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Según la acusación fiscal, hubo un entramado delictivo ideado "desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos" como la "designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Antonio Báez".

Según definieron los fiscales, Báez era el "amigo presidencial" y pasó de ser empleado del Banco de Santa Cruz a fundar su constructora en coincidencia con la llegada del fallecido Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación. De esta manera su patrimonio creció entre 2004 y 2015 en un 12.127 por ciento con la compra de bienes por 205 millones de dólares, parte de los cuales eran incorporados al "patrimonio de los ex presidentes".

Los fiscales aludieron a una "operatoria criminal" para "montar una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos" para lo cual se asignaba la obra pública de manera "discrecional" y en un 80 por ciento favoreció a las empresas del grupo Báez con "Austral Construcciones" a la cabeza.

La ex presidenta está procesada ya en esta causa por fraude en la obra pública, en "Los Sauces", por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y por supuesta traición a la Patria y encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.

Ercolini debe definir su situación procesal en Hotesur, la investigación por el alquiler de complejos hoteleros de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con la obra pública.