El ministro de Justicia, Germán Garavano, negó ayer que desde el Poder Ejecutivo Nacional impulsen detenciones de dirigentes opositores y aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández asumirá “normalmente” su banca en el Senado. Sin embargo en la Casa Rosada anticiparon ayer mismo que “habrá nuevas detenciones” de otros ex funcionarios kirchneristas.

“El Gobierno no está detrás de ninguna detención. Siempre se ha pronunciado a favor de que los casos sean elevados a juicio”, sostuvo Garavano en declaraciones radiales, en alusión a las prisiones preventivas del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del ex vicepresidente Amado Boudou. Y remarcó que “lo importante es que la Justicia eleve los casos a juicio, que es donde debe dirimirse si alguien es culpable o inocente”.

Sobre los casos puntuales de De Vido y Boudou el ministro de Justicia señaló que “estos funcionarios que hoy están cuestionados tienen que dar explicaciones, más allá de quejarse en términos genéricos sobre el estado de derecho”, en relación a las resoluciones de prisión preventiva dictadas en las últimas semanas.

Anticipo
Pese a los esfuerzos de Garavano por despegar al Ejecutivo nacional de las detenciones de integrantes del gobierno anterior, un importante funcionario de la Casa Rosada adelantó a BAE Negocios que en las próximas semanas “habrá nuevas detenciones” de ex referentes kirchneristas, pero evitó citar nombres.

La propia Cristina Fernández días atrás había advertido a través de una carta pública que el presidente Mauricio Macri “está utilizando al Poder Judicial para perseguir a dirigentes opositores” y que “está en riesgo la democracia argentina”.

Como respuesta a los dichos de la líder de Unidad Ciudadana, Garavano aseguró que la ex mandataria podrá asumir su banca en la Cámara alta “normalmente” y puntualizó: “Estoy a favor de la participación política, ya sea como candidato o diputado o senador electo”.

A la salida de una reunión que mantuvo por la tarde con Macri en la Casa Rosada, el titular de la cartera de Justicia ratificó la intención del Ejecutivo nacional de modificar el Ministerio Público Fiscal, luego de lograr que la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó dejara su cargo en medio de presiones del Gobierno nacional, incluido el propio presidente. Algunos de los puntos del proyecto del oficialismo que destacó son la necesidad de que “el mandato del procurador general no sea más vitalicio”, que “el proceso de remoción del procurador se modifique” y que “los exámenes no sean más por escrito, sino orales”.

Aunque no brindó fechas precisas, en la Casa Rosada apuestan a que esas reformas se puedan votar antes de fin de año, de modo que el nuevo procurador sea disignado conforme a la nueva legislación.