El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo hoy que la Oficina de Protección de Testigos, a cuyo régimen ingresó ayer el presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, "estaba desarticulada" y "no existía en el gobierno anterior".

"La Oficina de Protección de Testigos estaba prácticamente desarticulada. Solamente se usaba para pagar algunos gastos y algunas situaciones vinculadas principalmente a delitos de lesa humanidad", afirmó Garavano en declaraciones a radio Mitre, en las que remarcó que en los últimos dos años el programa "se ha extendido a delitos de narcotráfico, trata de personas y otros". El funcionario agregó que tanto la figura del arrepentido como la protección de testigos "genera herramientas muy útiles para combatir la criminalidad organizada" y precisó que "toda esa estructura estaba desmontada o no existía en el gobierno anterior". En ese marco, Garavano remarcó que "ahora hay una serie de herramientas que facilitan la investigación de hechos de corrupción, narcotráfico y criminalidad organizada en general".

Ayer, Vandenbroele fue incorporado provisoriamente al programa de protección de testigos, tras presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y entrevistarse con el fiscal Jorge Di Lello. "Del tribunal (Vandenbroele) se retiró ya protegido por el programa a un lugar seguro", subrayó Garavano, quien explicó que esa medida "prevé un plan de protección para la persona que puede ser un testigo o un imputado".

"La protección personal puede prever el cambio de nombre -está expresamente previsto entregar documentación a otro nombre-, y la posibilidad de relocalizar a una persona, mudarla de domicilio, ciudad o de país", según puntualizó el funcionario. El ingreso al programa es voluntario y la permanencia en el mismo exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades.

Creado por ley 25.764, el sistema de Protección se encuentra dirigido a testigos e imputados que "hubieran realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de delincuencia organizada o de violencia institucional, y que como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo", indicó el ministerio de Justicia.