La renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó fue la mejor salida para el Gobierno nacional, que empujaba desde el minuto cero de su asunción que la funcionaria dejara el cargo. Las declaraciones críticas, las causas judiciales, los proyectos para recortar sus atribuciones y las advertencias privadas acerca de su próximo desplazamiento se catalizaron con los resultados electorales. Gils Carbó no esperó la sanción de la ley que iba a facilitar su desplazamiento del cargo y presentó su dimisión con fecha diferida al 31 de diciembre. Lo hizo el mismo día en que Mauricio Macri inauguraba discursivamente su “vamos por todo”, estilo Cambiemos en el Centro Cultural Kirchner.

Aunque faltan dos meses para que deje efectivamente el cargo, en el Gobierno ya se pusieron a trabajar para cerrar los acuerdos que le permitan la nominación del reemplazante, que tiene que tener tantas condiciones que se convirtió en un rompecabezas complicado: tiene que tener afinidad con el Gobierno, pero no tanta como para parecer oficialista; tiene que tener una edad intermedia, con experiencia pero no a punto de jubilarse; tiene que tener un perfil más bajo que alto y tiene que pasar el acuerdo del Senado, para lo cual necesitan sí o sí la complacencia del peronismo. De cuál peronismo es otra incógnita después del 10 de diciembre.

En ese contexto volvió a aparecer como una figura en la primera línea de sucesión el nombre del fiscal de la cámara de Casación Penal Raúl Plée, quien ya había sido mencionado en el comienzo de la gestión macrista. Plée tiene todos los pergaminos necesarios e incluso, ocupa el escalón más alto que puede tener un fiscal en la organización judicial. Y trascendió su relación con Daniel Angelici, operador judicial de Macri. Sería un paso lógico llegar al cargo de Gils Carbó. Su actuación en el caso del memorándum que se firmó con Irán y el pedido para que se reflotara la causa contra la expresidenta Cristina Fernández puede ser un punto de observación.

“Fue muy abierto contra el Gobierno anterior. No queremos que se entienda que la nominación del reemplazante de Gils Carbó es su contracara, o una especie de venganza”, analizaban ayer ante BAE Negocios fuentes del Gobierno vinculadas al tema.

Otro de los nombres que circula es el del fiscal ante la Cámara nacional de Apelaciones Germán Moldes. Se trata del fiscal que presentó el pedido de desafuero y detención contra Julio De Vido por la causa Río Turbio y se preguntan si quedará demasiado “antiK” para la necesidad de acuerdos.

Mucho más jugado en ese sentido está Ricardo Sáenz, fiscal General de la Cámara del Crimen, quien no solo investigó la muerte del fiscal Alberto Nisman e hizo declaraciones respecto de que había pruebas de un homicidio, desde el inicio, sino que fue uno de los impulsores de las marchas y una figura irritativa para el kirchnerismo. ¿Cuánto pesará hoy?

También trascendió el nombre de Inés Weinberg de Roca, miembro del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires desde 2013, hasta donde llegó respaldada por Mauricio Macri, por entonces jefe de Gobierno. Weimberg es especialista en derecho internacional y ex miembro de un tribunal de la ONU. Fue una firme opositora a la reforma judicial que promovió el kirchnerismo y criticó por ejemplo que se crearan cámaras de casación en más fueros, además de la elección popular para el Consejo de la Magistratura, dos iniciativas kirchneristas que fracasaron.

Menos conocido, el procurador general de la provincia de Salta, Pablo López Viñals, es un hombre que está en los esquemas de recambio judicial desde hace meses. Pero sus posibilidades es probable que hayan decaído al ritmo del peso de su principal respaldo, el gobernador Juan Manuel Urtubey. Ayer, el mandatario salteño se mostró muy en sintonía con el gobierno nacional, de todos modos.

Estas alternativas deben tener en cuenta además un dato central: los dos tercios que necesita Cambiemos en el Senado y por eso ya están entabladas las conversaciones con el presidente del bloque del justicialismo, Miguel Ángel Pichetto. De allí que trascendiera el nombre del jurista peronista Alberto García Lema, aunque en la casa Rosada no le daban ayer muchas chances.

La última palabra la tiene Macri. La anteúltima, cuentan en la Casa Rosada, la tienen dos funcionarios de íntima confianza del Presidente: el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas el jefe de Asesores José Torello. Cuando el nombre llegue a sus despachos, no habrá vuelta atrás.

  • La procuradora argumentó que busca evitar una reforma contra la autonomía

Enfrentada con el Gobierno y procesada por la Justicia, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia a través de una carta dirigida al Presidente, en la que pidió que no haya reformas en el Ministerio Público, tal como impulsa el oficialismo.

“A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, afirmó Gils Carbó en la nota.

La jefa de los fiscales señaló que renuncia “con la esperanza” de que no se lleven a cabo “reformas” que “rompan el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de Justicia”, luego de que trascendiera el objetivo de la Casa Rosada de modificar el mecanismo de remoción del jefe de los fiscales, cuyo cargo es vitalicio y sólo puede ser desplazado por medio de un juicio político en el Congreso, lo que demanda los dos tercios de los votos.

De esa forma, Gils Carbó dejará a fin de año el cargo que ocupa desde 2012 luego de dos años de enfrentamiento con el Gobierno de Macri y de que en varias oportunidades funcionarios nacionales reclamaran su alejamiento al acusarla de mantener cercanía con el kirchnerismo.

Su renuncia se produjo, además, luego de haber sido procesada el pasado 12 de octubre en una causa que tiene a cargo el juez federal Julián Ercolini como coautora del supuesto delito de administración fraudulenta por la supuesta compra irregular del edificio en el que funciona el Ministerio Público Fiscal, que costó 44 millones de pesos y se pagaron comisiones de 3 millones al hermano del subdirector general del organismo.

En ese contexto, Gils Carbó sostuvo que trabajó “incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia”.