El Gobierno adelantó hoy la oficialización de una medida que establece nuevos criterios para determinar cuándo aplicar la prisión preventiva y así, agregar límites. Una reglamentación incluida dentro del nuevo Código Procesal Penal que comenzará a regir en todo el país a partir de este viernes.

A través de la Resolución 2/2019, el Gobierno ordenó implementar en todos los tribunales en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional gran parte del nuevo marco regulatorio de los procesos penales.

Los cambios determinan que el fiscal o la querella pueden pedirle al magistrado a cargo de la causa el dictado de una prisión preventiva sólo cuando esté demostrado que otras nueve medidas menos lesivas sancionadas previamente no alcanzan para asegurar el correcto funcionamiento del proceso judicial. Además, determina la extensión del encierro sin condena y los requisitos para su prolongación.

Así, de manera previa a la disposición de una prisión preventiva, se deberán reconocer y comprobar nueve condiciones que determinen la estricta necesidad de limitar la libertad del acusado. 

El juez deberá evaluar cada caso en particular en base a las posibilidades fácticas de afectar en forma negativa los elementos de prueba utilizados para la investigación; la situación familiar y laboral del acusado; el riesgo real de abandono del país, de ocultamiento; la posibilidad de influir en testigos; la conducta durante el proceso; la pena en expectativa por el delito por el que se lo imputa, entre otros.

Según la regulación vigente hasta hoy, las prisiones preventivas deben ser utilizadas en dos casos puntuales: riesgo de fuga y/o de entorpecimiento del proceso judicial.

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El nuevo marco regulatorio sostiene estos criterios para el establecimiento de prisiones preventivas, pero establece pautas más concretas para definir cuándo existe verdaderamente peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. En este sentido, el nuevo Código busca terminar con lo que buena parte de la dirigencia política consideraba una "arbitrariedad" de los jueces federales.

Los artículos que entran en funcionamiento el viernes con la Resolución 2/2019 fueron aprobados por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal el miércoles pasado, con el fuerte aval de la oposición y el oficialismo.