En medio de las vacaciones y en vísperas de una negociación salarial que ya se vislumbra conflictiva, el Gobierno jugó sus primeras cartas en la discusión y modificó por decreto la ley de Financiamiento Educativo para restarle poder a Ctera y fijar el salario básico en 20% por encima del mínimo. La reacción contra la medida no se hizo esperar: en bloque, los principales gremios cuestionaron que el Ejecutivo quiere "negar la discusión salarial" y "deja que cada provincia pague lo que pueda".

El más duro con el decreto 52/2018, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, fue el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien, en diálogo con BAE Negocios, definió la medida como"como un mamarracho jurídico" que "viola la legislación nacional e internacional" porque -enfatizó- "la paritaria es parte de la Constitución y la representación proporcional es lo que marca la ley".

"Esto es un mamarracho jurídico. Es como si al Gobierno no le gustara el sistema electoral y lo cambiaran por decreto", sentenció el gremialista sobre la modificación del decreto firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, en 2007, por medio del cual había reglamentado la Ley de Financiamiento Educativo (26.075).

Consultado sobre si este decreto puede influir en la discusión paritaria docente que recién comienza, respondió: "Sí, va a traer una situación conflictiva a nivel nacional porque esto niega la discusión salarial federal, pero también va a traer conflicto en cada una de las jurisdicciones". 

Baradel adelantó que los gremios docentes viajarán a Bruselas para hacer una presentación judicial ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por "prácticas antisindicales". Precisó que el secretario general de la Central de Trabajadores (CTA) de la Argentina, Hugo Yasky, y la secretaria general de Cetera, Sonia Alesso, viajarán al país europeo para denunciar "éste y otros atropellos que están cometiendo con los gremios".

Baradel no estuvo solo en la crítica, su par de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, afirmó que "lo más grave del decreto es que nos quita la posibilidad a los gremios de discutir los salarios y les tira toda la responsabilidad a las provincias". Para el gremialista, la paritaria nacional era "una herramienta" para "equiparar un poco" los salarios que se cobran en el país "y que no se generen tantas diferencias".

"El salario no se debe fijar por decreto nunca", sentenció Romero, también en diálogo con este diario, donde además recordó que el año pasado la UDA hizo una presentación judicial para rechazar la decisión del Ejecutivo de no convocar a la paritaria nacional, lo que quedó sin resolverse en la Cámara de Apelaciones.

En este sentido, Sara García, secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), sostuvo que "este decreto formaliza la decisión de cerrar la discusión salarial a nivel nacional", algo que, según la dirigente, "aplauden de pie muchos de los gobernadores". 

También opinó, consultada por este medio, que "la discusión de fondo" que genera este decreto es que se "debe debatir una nueva Ley de Financiamiento" que "establezca un marco de discusión federal".

"Se pretende limitar las discusiones salariales a cada jurisdicción, sin tener la posibilidad de que se discuta a nivel nacional el piso mínimo ni las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector. Es decir, se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores", cuestionaron desde Ctera, mediante un comunicado.

Los docentes privados nucleados en Sadop también expresaron su rechazo: "Es un mal presagio para este inicio del año 2018, con un verdadero retroceso en el campo laboral de los trabajadores de la educación, y con una marginación y postergación injustificada para el único Sindicato Nacional que representa a los trabajadores de la educación privada".