La fecha límite para el desalojo de las tierras tomadas en Guernica, en la localidad de Presidente Perón, es el 30 de octubre, como lo dispuso el juez Martín Miguel Rizzo. Antes que se cumpla el plazo, el Gobierno bonaerense negocia una salida coordinada con las familias que quedaron en el lugar.

El ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial, que conduce Andrés Larroque, comenzó ayer un censo en las zonas de usurpación que aún no fueron liberadas. Por las malas condiciones climáticas, podría suspenderse la continuidad del conteo de las familias.

Sin datos oficiales, creen que desde que comenzó el desalojo ordenado por la Justicia, hubo ingreso de nuevas personas. Las primeras estimaciones eran que quedaban cerca de 200 personas que pasaban la noche en la toma. Los cálculos comenzaron a modificarse desde que hace tres semanas, diferentes organizaciones sociales impidieron el ingreso de los funcionarios provinciales.

"Todo el tiempo las organizaciones meten y sacan gente", se quejaron desde la cartera que conduce Larroque. El gobierno provincial tiene listos refugios para ubicar a las personas que aún quedan en el terreno de Guernica.

"No tenemos aún el número. Hoy tendrían que terminarlo si la lluvia lo permite", informaron fuentes oficiales. En los testimonios que pudieron recoger en las últimas horas surgió un dato importante y preocupante. Durante el tiempo que no pudieron ingresar los funcionarios, alertaron que "metieron a más gente", según los encargados del relevamiento.

La preocupación por una resolución con la toma de Guernica llegó a la Casa Rosada. El Presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión el viernes con Larroque para interiorizarse de la situación de la toma de tierras, en especial sobre la de Presidente Perón. El encuentro fue calificado como "muy bueno" desde el entorno del ministro. "Manifestó todo el apoyo a la gestión. Fue más bien una reunión informativa", explicaron las mismas fuentes.

Desde el ministerio denuncian, desde hace varias semanas, la presencia de organizaciones de izquierda en la toma que impiden un desalojo pacífico. Incluso llegaron a agredir y sacar del lugar al titular de Desarrollo. Hay una decisión de la Provincia de evitar una confrontación con las familias. La fecha límite la puso la Justicia. El 30 de octubre debería quedar resuelto el conflicto.