A través de un documento dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal, una docena de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires volvieron a la carga y la instaron a "debatir los contenidos" de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que contenga la opinión de los jefes comunales y que contemple "fundamentalmente la autonomía de los municipios".

El objetivo, según expresa el escrito, es "contribuir a afirmar pautas de transparencia y eficiencia en la inversión de los recursos públicos, así como el fortalecimiento del principio de autonomía municipal (reconocido constitucionalmente)".

La recientemente conformada Mesa de Intendentes peronistas del interior de la Provincia de Buenos Aires propone además que como parte de un "debate serio respecto del rol de los gobiernos locales", se les restituya el "Fondo de Infraestructura Municipal", programa que les permitió "desarrollar obras de impacto urbano y social, definiendo de manera mucho más cercana y real las prioridades de las comunidades de la provincia".

También reclaman "la recuperación del Fondo de Seguridad"; "el aumento y distribución equitativa de lo producido por juegos de azar" entre los 135 municipios (lo cual habría sido acordado en el Presupuesto 2017); "la posibilidad de deducir" del impuesto inmobiliario rural "lo abonado en concepto de mantenimiento de la red vial hasta un determinado valor"; como así también "el aumento de la masa coparticipable a los municipios en atención a las nuevas y variadas funciones de gobiernos que asumen los mismos"; entre otras cuestiones.

El texto que lleva las firmas de los alcaldes Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Marcelo Santillán (Leandro N. Alem), Julio Marini (Benito Juárez), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento) y Walter Torchio (Carlos Casares), entre otros, advierte que "solo en el marco de la discusión de esa agenda, podría considerarse un verdadero Pacto Fiscal en la provincia y no una intromisión lisa y llana en la definición de políticas públicas de los gobiernos locales por parte de la gobernadora". También firmaron el documento los jefes comunales Ricardo Casi (Colón), Alfredo Fisher (Laprida), Germán Lago (Alberti), Mauro Poletti (Ramallo), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Hernán Ralinqueo (25 de Mayo).

“Los intendentes del interior no tuvimos voz pero sí amenazas”

“El Pacto Fiscal no tiene nada de pacto. Los Intendentes del interior no tuvimos voz, pero sí amenazas”, dijo una vez hecho público el documento, Francisco “Paco” Durañona, quien agregó que existió “una extorsión por lo bajo que implica que en caso de no firmarlo sufriremos algunas consecuencias”.

El alcalde de San Antonio de Areco sostuvo que además de querer imponerles “un pacto fiscal que nos limita nuestra política de empleo público, nos limita el porcentaje de inversión que podemos hacer durante el ejercicio fiscal 2018”, también “nos dicen en qué podemos invertir, en qué no y hasta qué límites”. Dijo que también se puso un límite “a la política de financiamiento” de cada municipio, y que les quitaron “dos tercios de lo que nos correspondía en concepto de coparticipación para el 2018.

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