Con el reclamo de la restitución del Fondo Federal Solidario (FFS) como uno de los temas que figuran al tope de su agenda política, los intendentes peronistas nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) encabezados por su titular, Verónica Magario (La Matanza), realizaron ayer una presentación judicial a los fines de que el Gobierno nacional les restituya esos recursos, tras lo cual, una delegación se dirigió hasta la Casa Rosada donde entregaron un escrito en el que le solicitaron audiencia al presidente Mauricio Macri.

Preocupados ante la quita del denominado Fondo Sojero, lo que a lo largo de lo que resta del año impactará negativamente en las arcas municipales debido a la paralización de obras ya iniciadas y a la imposibilidad de llevar adelante otras que ya estaban comprometidas, los más de cien alcaldes, entre los que se encontraban Mario Secco (Ensenada), Juan Ustarroz (Mercedes, provincia de Buenos Aires), Elvira Sánchez (Mercedes, provincia de Corrientes); Eduardo Santillán (Gonzáles Chaves), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), hicieron una presentación ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 3.

El escrito, promueve la "acción de amparo" a fin de que se declare "la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 756/2018" dictado por el gobierno de Macri "en tanto dispuso dejar sin efecto el Fondo Federal Solidario -creado por el decreto 206/2009- que beneficia a los municipios de todo el país financiando obras de interés comunitario, por ser contrario a normas constitucionales y afectar a los intereses de todos los municipios del país, y en particular los asociados a la FAM".

Con posterioridad, los intendentes se congregaron frente a la Casa de Gobierno donde presentaron un escrito en la Mesa de Estrada sin que fueran recibidos por funcionario alguno, con un pedido de audiencia a Macri cuya intención es que les restituya el FFS.

"En un contexto de inflación, devaluación, baja de salarios reales y suba de tarifas, la medida de quitar el fondo sojero genera un efecto negativo enorme contra la gente, porque el monto que se pierde supera los 41 mil millones de pesos", dijo Magario, quien advirtió que ese dinero se utilizaba para realizar salas de salud, escuelas, obras viales, viviendas y caminos, entre otros.

La matancera confirmó que los alcaldes vienen realizando presentaciones judiciales y en los ámbitos legislativos a los fines de visibilizar la situación para que el DNU "sea rechazado porque no cumple con la Ley de Presupuesto, ya que estaba comprometido el pago hasta 2020 y ha sido unilateralmente desarmado".

"Venimos a pedirle a Macri que revea la medida, en defensa de los recursos de la población", dijo por su parte, el intendente Sergio Venegas de la localidad tucumana de Alderetes, quien informó que no hubo "una respuesta favorable" por parte del Ejecutivo nacional.

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