Entre chicanas y presiones, la Cámara de Diputados se aproxima al tratamiento del proyecto que modifica los regímenes especiales de jubilaciones para jueces y diplomáticos, que el presidente Alberto Fernández aspira a tener aprobado antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el próximo domingo.

Más allá de las negociaciones que llevan adelante con lo propios implicados, magistrados y empleados judiciales, el Gobierno apuesta a que la iniciativa resquebraje la unidad de Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, que históricamente se mostró a favor de la iniciativa, pero que ahora duda ante los cuestionamientos que recibe de parte de los jueces.

La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, se volcó ayer a ese juego al señalar que que "no imagina" a los legisladores de Juntos por el Cambio "defendiendo a la locura que son las jubilaciones de privilegio".

"Hay que asumir las responsabilidades y el macrismo no tiene cómo explicar que defiendan jueces que ganan esa cantidad de dinero", por lo que sus diputados "tienen que acompañar el proceso de reordenamiento de la economía y las finanzas", evaluó Moreau en declaraciones a la radio Futurock.

Para acomodar su discurso a un escenario complejo, desde el bloque opositor señalaron con insistencia que se opondrían a un tratamiento "exprés" de la iniciativa, que mañana será debatida en comisión y que el oficialismo pretende votar el jueves en el recinto.

"No será un debate express como algunos querían instalar; ahora resulta que para no discutir las cuestiones de fondo, quieren discutir las de forma, pero vamos a escuchar a todos durante el tiempo que sea necesario", aseguró Moeau.

La apuesta oficialista encontró sustento ayer en los dichos del senador macrista Humberto Schiavoni, que señaló: "En lo conceptual estoy de acuerdo con que no exista ningún régimen de privilegio, salvo particularidades de la propia actividad, que no sería en estos casos".

Con todo, dijo que Cambiemos analizará la "letra chica" de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para saber "exactamente cuál es el alcance de la norma".

"No estoy de acuerdo con regímenes diferenciales con claros privilegios, en especial en una situación de emergencia; hoy tenemos que ser todos conscientes de la situación en la que estamos (en el país)", expresó y recordó que las jubilaciones especiales que regían para legisladores y funcionarios ya fueron derogadas en el 2002.

En tanto, el presidente del Interbloque Unidad Federal, José Luis Ramón, aseguró que su espacio no acompañará el proyecto oficial para modificar las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial, "tal como fue presentado por el oficialismo".

"Los empleados no tienen un régimen de privilegio", advirtió Ramón y, tras remarcar que "el 80 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial" no son magistrados ni fiscales, sostuvo que "no se pueden quitarles derechos a los empleados"

"Eso sí hay que discutirlo", postuló el diputado, quien, no obstante, indicó que su espacio apoya "el recorte a jueces o fiscales". "Tal como fue presentado por el oficialismo, no lo vamos a acompañar", dijo Ramón sobre la iniciativa.