La Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (Aajep) planteó que "deben respetarse las decisiones judiciales fundadas para morigerar la prisión", excepto para los casos de "delitos graves" y entendió que "la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos", a raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia de coronavirus, constituye "una afectación directa a la independencia judicial".

A través de un comunicado de prensa, la Aajep pidió que se respeten "las decisiones judiciales vinculadas con morigerar las prisiones preventivas de presos que conformen los grupos de riesgo ante la pandemia del coronavirus".

"Soportar en este contexto de crisis la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos y el impulso de reformas legislativas tendientes a legitimar esos procesos -por el contenido de las decisiones jurisdiccionales adoptadas-, sin dudas constituye una afectación directa a la independencia judicial", denunció.

En este sentido, indicó que los jueces tienen la "responsabilidad de impartir justicia y de hacerlo sin presiones, con calma y responsabilidad".

"Debemos velar por la aplicación la ley en relación con todas las partes, en resguardo del debido proceso y todas las garantías consagradas en la Constitución Nacional y el bloque de convencionalidad", señala el texto.

Allí, la organización que nuclea a jueces y juezas nacionales y provinciales plantea que "deben respetarse las decisiones judiciales fundadas, adoptadas para morigerar la prisión, con exclusión de delitos graves, en contemplación de los grupos de riesgo indicados por las autoridades sanitarias, así como también toda otra medida que asegure el distanciamiento social, en miras de asegurar el derecho a la salud, evitar contagios y una repentina ocupación sanitaria; y la promoción de las medidas preventivas dentro de las cárceles".

También señalan que buscan "llevar claridad ante los intercambios mediáticos y políticos relacionados con la cuestión carcelaria frente al Covid-19, convencidos de que la crisis institucional no puede primar sobre los principios básicos de un estado de derecho, menos aún en el transcurso de una pandemia".