A la par que se va precisando paulatinamente el alcance del proyecto oficial del impuesto extraordinario a la riqueza, el Congreso encara el debate sobre cómo sesionar, una necesidad para sancionar el proyecto y, a la vez, una realidad que no se concretó nunca durante el aislamiento obligatorio. En el Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández se apuró a pedir a la Corte que avale una eventual sesión virtual de esa Cámara. Mientras tanto, en Diputados, desde Juntos por el Cambio reclamaron que sesione en forma presencial. Lo hicieron a través de una carta al titular del cuerpo en el que se pondrá en marcha el debate, Sergio Massa.

La misiva lleva la firma de Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y titular del interbloque, y la de sus pares de bancada, de PRO, Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. El principal interbloque opositor reconoce que para organizar a una sesión presencial, "habrá que tomar recaudos especiales, adoptar los protocolos sanitarios que sean necesarios y si así fuera aconsejado disponer de un espacio más amplio como recinto".

"Entendemos que no existe ninguna cuestión insalvable con la correcta organización y el cumplimiento de los protocolos que se elaboren al efecto y para los cuales también nos ponemos a disposición de esta Presidencia", agregaron los legisladores.

No obstante, se manifestaron "absolutamente dispuestos a explorar las alternativas que garanticen el correcto desarrollo de una sesión de una forma no presencial para ser usado sólo en caso de fuerza mayor, en la que sea imposible reunir al cuerpo en nuestro recinto de sesiones" y pidieron que, en tal caso "se inicie cuanto antes este análisis en las comisiones de Modernización y Peticiones, Poderes y Reglamento".

Ayer también, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, explicó que se pidió a la Corte tratamiento urgente de la acción declarativa de certeza presentada para que el máximo tribunal determine si es constitucional sesionar a través de medios virtuales o remotos. La abogada explicó que el máximo tribunal del país no tiene plazos para resolver pero que se pidió un "tratamiento urgente" de la acción.