La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría suspendió la convocatoria a elecciones para renovar autoridades en la UCR porteña previstas para el próximo 19 de noviembre, en medio de una tensa interna en el partido a nivel local. La jueza hizo lugar a una cautelar reclamada por los dirigentes Facundo Suárez Lastra, Ariel Álvarez Palma, Guillermo Suárez y María Inés Parry, cuyas afiliaciones fueron suspendidas por haber sido candidatos por fuera de la UCR porteña en las últimas elecciones, acompañando la lista del oficialismo, Vamos Juntos, que encabezó Elisa Carrió.

Puntualmente, estos dirigentes habían pedido a Servini de Cubría que suspendiera los comicios internos hasta tanto se resuelva su reincorporación al padrón de afiliados” y “se lleve a cabo un proceso disciplinario de acuerdo con las prescripciones de la Carta Orgánica” del partido a nivel nacional. Los dirigentes señalaron que fueron borrados del padrón y desafiliados al partido “ilegal y arbitrariamente” por orden de la mesa de conducción el pasado 25 de septiembre, “sin poder ejercer derecho alguno de defensa” y “sin haber recibido nunca una notificación de dicha resolución”.

Para proceder a la “desafiliación automática”, la mesa directiva de la UCR porteña, presidida por Emiliano Yacobitti, había advertido que la conducta de los dirigentes se encuadraba en lo previsto en el articulo 9 de la Carta Orgánica, que establece las sanciones para quienes sean candidatos “por otros partidos políticos, listas o alianzas electorales no habilitadas orgánicamente por las autoridades partidarias”.

Es que la Ciudad de Buenos Aires fue el único distrito del país en el que la UCR no se sumó al frente Cambiemos y - desafiando a la conducción nacional del radicalismo- selló su alianza con el exembajador Martín Lousteau en el frente opositor “Evolución Ciudadana”. En su defensa, los cuatro candidatos advirtieron que, de hecho, la decisión de integrar la lista 502 Vamos Juntos estuvo “avalada y sustentada” en la política de alianzas aprobada por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.

En su fallo, Servini de Cubría advirtió que la Mesa Directiva de la UCR porteña “carece de facultades disciplinarias expresamente atribuidas por la Carta Orgánica partidaria” para aplicar sanciones disciplinarias, las cuales “podrían haber sido resueltas por la Convención”. La jueza señaló además que “el peligro en la demora requerido para la viabilidad de una medida de esta índole surge de manifiesto”, habida cuenta que el cronograma electoral interno fija para este sábado 28 de octubre el vencimiento del plazo de oficialización de listas de candidatos.

“En efecto, la medida cautelar que aquí se otorga tiene por objeto la clara premisa de impedir un cambio en la situación de hecho o de derecho respecto de los actores con miras a la eventual sentencia a dictarse”, indicó Servini de Cubría respecto a la cuestión de fondo. Esto es, el cuestionamiento efectuado por los candidatos oficialistas respecto a que la convocatoria a la elección de los delegados al Comité Nacional haya sido efectuada conjuntamente con la de las autoridades locales, como así también respecto de la conformación del Tribunal Electoral de la entidad, “por no haber sido electo conforme al procedimiento establecido en el artículo 110 de la Carta Orgánica”.