Juntos por el Cambio rechazó la decisión del Poder Ejecutivo nacional de modificar la Ley de Vacunas a través de un DNU para adquirir nuevas dosis contra el COVID-19 con laboratorios estadounidenses y pidió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que participaron hoy de la reunión de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, realizar los cambios mediante un proyecto votado por el Congreso. 

Al inicio del encuentro virtual, Ibarra, acompañada por Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, volvió a defender el decreto de necesidad y urgencia que se dictó la semana pasada para ampliar la compra de vacunas, en especial para uso pediátrico. Ya lo había hecho en una conferencia de prensa el viernes último, un día después de que desde el interbloque opositor de la Cámara de Diputados solicitaron en plena sesión que se cambiara la Ley de Vacunas 27.573, votada el año pasado.

La secretaria Legal y Técnica señaló que la única manera de adquirir vacunas estadounidenses era "con la modificación de la ley" y que fue posible llegar a un acuerdo con el laboratorio Pfizer luego de "una larga negociación". “Nos vimos obligados a firmar un DNU por la necesidad de contar cuanto antes con las donaciones que hay de otros países, con las vacunas que podemos recibir del mecanismo COVAX, y sobre todo para poder avanzar en los contratos, a fin de traer vacunas pediátricas y poder vacunar a nuestros niños y adolescentes con comorbilidades”, añadió Ibarra.

Críticas opositoras al DNU

 

Los legisladores opositores pidieron debatir este tema a través de un proyecto de ley, advirtiendo que hacerlo mediante un DNU es "violatorio" de los poderes conferidos al Parlamento. 

“El tiempo que demande el trámite legislativo estamos en condiciones de tratarlo en el Congreso de la Nación. Estas cuestiones por inmunidad soberana están notificadas desde 15 diciembre, el PEN ya contaba con la información por los obstáculos, ¿por qué no se discute en el Congreso y se va por el DNU?", apuntó el diputado radical Luis Petri. En tanto, el jefe del interbloque de senadores, Luis Naidenoff, reclamó que Ibarra se disculpara por haber dicho que el Congreso no estaba en condiciones de avanzar con celeridad sobre esta cuestión. 

"Sólo dije que es difícil compatibilizar las situaciones de urgencia con los tiempos del Congreso nacional", respondió la funcionaria nacional. 

Al igual que lo había hecho un rato antes el diputado radical Gustavo Menna, el macrista Pablo Tonelli dijo ante la comisión bicameral, que preside Marcos Cleri, que "no se puede convalidar el método porque viola la Constitución y las atribuciones del Congreso"

Las regalías del Estado y los bienes privados

 

Otro de los puntos que generaron críticas por parte de los legisladores de Juntos por el Cambio es la decisión de la Casa Rosada de eximir de inmunidad a los bienes de dominio privado y las regalías del Estado nacional. Menna puso en duda que este último punto no fuera a afectar de alguna manera a las provincias. "¿Cuáles son las garantías que tenemos de que las regalías de las provincias no estarán comprometidas?", señaló el diputado de la UCR. 

“En el art 3° según las modificaciones que se han hecho la prórroga se dirimirá en un tribunal extranjero, eso plantea la renuncia a la inmunidad soberana y cualquier diferencia que surja por la razón que sea por proveedores que surjan en el futuro el fondo de reparo es optativo y se dirimirá allí. La renuncia a inmunidad soberana excluía a eventuales tribunales extranjeros; esa lista de bienes ha sido acotada y en el artículo 3 inciso C se eliminan bienes privados del Estado”, manifestó el legislador radical.

"Tampoco ha quedado claro porqué el oficialismo en octubre consideraba que las regalías y los bienes de dominio privado debían estar protegidos y ahora consideran que deben estar desprotegidos como dice el DNU", agregó Menna.

"Jamás por incumplimiento del Estado nacional se ha ido a embargar a una provincia", claró Ibarra, quien subrayó que el Fondo de Reparación COVID-19 fue contituido por el Estado nacional para responder al pago de indemnizaciones en caso de que una persona sufriera daños por la aplicación de la vacuna, y aclaró que "el que responde es el Estado Nacional y las regalías son las percibidas por el Estado nacional". 

La diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard reiteró más tarde que las modificaciones que se introdujeron a través del decreto de necesidad y urgencia se deben a la necesidad de comprar vacunas pediátricas lo antes posible, tal como pedían desde la propia coalición opositora. 

El titular de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yeldin, destacó que la semana pasada el Frente de Todos no acompañó el pedido de Juntos por el Cambio para cambiar la Ley de Vacunas porque -como señaló Ibarra en su exposición- no alcanzaba sólo con quitar la palabra "negligencia" para avanzar en las negociaciones con las farmacéuticas estadounidenses, específicamente con Pfizer. Además de remover ese término, el Ejecutivo nacional reemplazó la frase de "maniobras fraudulentas, conductas maliciosas" por "conductas dolosas", que se suma a la resolución de eximir de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados.

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Gabriela Vulcano

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