La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley una reforma del Código Procesal Penal (CPP) Federal que actualiza esa normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia.

Al defender el texto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy) recordó que el presidente Mauricio Macri suspendió su aplicación en 2016 porque "no estaban dadas las condiciones" para llevarlo adelante.

Burgos agregó que, tras esa decisión del Poder Ejecutivo, se hizo un importante trabajo para fortalecer su aplicación y mencionó, entre otras, la aprobación por parte del Congreso de varios proyectos de ley, como la de flagrancia y la de responsabilidad penal empresaria, que se incluyeron en la iniciativa.

"Necesitamos que este CPP entre en vigencia", sostuvo Burgos, al explicar los alcances de la norma aprobada en el recinto por 134 a favor, 55 en contra y 4 abstenciones.

Al anticipar su respaldo, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, destacó que se trata de "un avance en el sistema procesal penal argentino" porque la sociedad "demanda que la justicia de una respuesta rápida y efectiva".

Por su parte, la presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el CPP se sancionó en 2014 "con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas: fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso".

La reforma comenzará a implementarse en las jurisdicciones de Salta (que incluye las provincias de Salta y Jujuy) y Comodoro Rivadavia (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut).

El nuevo CPP establece pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno acusatorio en el que los fiscales tendrán más protagonismo, lo que además es un requisito para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) .