La Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema la demanda por la quita de coparticipación del un punto porcentual a su jurisdicción en beneficio de la Provincia con el fin de que se "disponga la inmediata suspensión" del Decreto735.

Tal recorte representa unos $30.000 millones que serán transferidos a la administración bonaerense que dirige el gobernador Axel Kicillof.

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, busca que se declare "inconstitucional" la medida que dispuso el presidente Alberto Fernández tras el conflicto por la reparación salarial de la Policía Bonaerense.

El recorte de los recursos fue calificado por el Gobierno de la Ciudad como "inconstitucional, improvisado e intempestivo".

Según el documento de 97 páginas que ingresó 10:25 en la mesa de entradas del máximo tribunal al que accedió BAE Negocios, CABA pidió que se reestablezca “en forma inmediata” el derecho a percibir el 3,50% de coparticipación, vigente hasta el 10 de septiembre pasado.

La presentación judicial subraya que en el régimen constitucional "no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales", ante lo cual destaca que "se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales".

"La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires", señala el texto.

La presentación fue realizada por la directora general Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la Ciudad, María Cristina Cuello, con el patrocinio del procurador general porteño, Gabriel Astarloa.

El amparo judicial también remarca que "en tanto no se sancione una nueva Ley de Coparticipación tal cual lo exige la Constitución, el Estado Nacional no puede unilateralmente restar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad propio del federalismo previsto en la Carta Magna".

"El artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional es claro: `No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso´Ley del Congreso cuando corresponda y acuerdos bilaterales es el esquema constitucional. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires los fondos son asignados por decreto, pero con previo acuerdo, por participar de la distribución primaria pues son los fondos que le corresponden a la Nación, quedando así encuadrada dentro de la cláusula constitucional", añade.

El objetivo del amparo es que "se declare la inconstitucionalidad del Decreto 735/2020 restableciendo el sistema instituido mediante el Decreto 257/2020".