La Suprema Corte bonaerense dejó sin efecto el fallo que habilitaba las prisiones domiciliarias para reclusos dentro de grupos de riesgo por covid-19 en la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal provincial dispuso dejar sin efecto el fallo del juez Víctor Violini del pasado 8 de abril, quien había habilitado mediante un Habeas Corpus colectivo las prisiones domiciliarias de unos 2.300 detenidos en total en la provincia de Buenos Aires por ser adultos mayores, tener enfermedades preexistentes o tratarse de embarazadas. 

La Suprema Corte de Justicia actuó de este modo al declarar hoy admisible el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Penal de la provincia, Carlos Altuve.

Hasta el 17 de abril, habían sido excarcelados 439 detenidos de entre los 2.300, casi todos condenados o imputados por delitos leves. En cuanto a los condenados o acusados por delitos graves, el fallo de Violini recomendaba que se trate cada caso de manera específica con el tribunal encargado.

En la resolución de la Corte de este martes, firmada digitalmente por los jueces de la Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, se dispuso declarar "procedente" la queja deducida por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y conceder el recurso de inaplicabilidad articulado.

Asimismo, la Suprema Corte declaró que la resolución "suspende los efectos" de la decisión del Tribunal de Casación Penal impugnada.

Ahora el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires deberá resolver la cuestión de fondo, esto es, si finalmente confirma o no el fallo del juez Violini.

En la resolución, se estableció que previo al dictado de la sentencia de fondo se debe requerir por oficio al Tribunal de Casación Penal "la inmediata remisión del expediente a fin de ser entregado a la Secretaría Penal de la Suprema Corte de Justicia".

La Corte además ordenó, que una vez recibidas las actuaciones, el procurador general, Julio Conte Grand, tendrá que emitir un dictamen "en un término de 24 horas" tras lo cual el defensor general, Mario Coriolano, tendrá que hacer su propio dictamen "también de un plazo de 24 horas". En ese mismo plazo, se habilitó que otros interesados puedan presentar escritos, se aclaró desde el máximo tribunal.

Fuentes de la Suprema Corte precisaron que "se busca resolver la cuestión de fondo con la mayor celeridad" posible, por lo cual se dispuso "la abreviación de los plazos para el dictado de la decisión de mérito".

Altuve recurrió el lunes a la queja, luego de que el Tribunal de Casación le rechazara el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini.

En su presentación, Altuve consideró que la resolución de Casación configura un supuesto "de extrema gravedad institucional por las consecuencias directas que de él se derivan, pues pone en crisis la buena marcha de las instituciones al poner en jaque al sistema jurídico penal todo y afecta el orden público, ello en virtud de la incertidumbre que genera el fallo cuestionado respecto de la implementación de las medidas dispuestas".

Para el fiscal, "se vulneró la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un numero indeterminado de personas".

El fallo de Violini generó protestas en un sector de la sociedad por una supuesta "liberación masiva" de presos y tras conocerse la excarcelación de al menos dos presos condenados por delitos contra la integridad sexual a quienes se les otorgó prisión domiciliaria cerca del domicilio de sus víctimas.