La Corte Suprema de Justicia resolvió que un representante sindical solo puede ser privado de la garantía legal de estabilidad en su trabajo si el empleador demuestra previamente que hay un motivo válido para suspenderlo o para despedirlo.

Con los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el voto concurrente de Horacio Rosatti y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, el Tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que había privado a un docente universitario de la garantía legal de estabilidad en el puesto de trabajo que ampara a los representantes sindicales.

Bajo el argumento de que el desempeño del profesor Luis Raúl Calarota era deficiente, la Universidad Nacional de Rosario solicitó que se levantara la tutela especial que la ley le otorgaba por su condición de dirigente gremial.

La Cámara Federal rosarina admitió el pedido, al afirmar que solamente correspondía efectuar un examen preliminar de las circunstancias del caso, ya que, a su entender, bastaba con que fuera verosímil la afirmación de que el desempeño del profesor era deficiente para quitarle el amparo de la ley sindical, lo que fue dejado sin efecto por la Corte.