La Fuerza Aérea informó al juez en lo penal económico Javier López Biscayart que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a Bolivia en plena crisis social y política en noviembre de 2019 no estuvieron declarados.

Es en la causa por supuesto contrabando agravado de armas en la que está imputado el ex presidente Mauricio Macri y los ex ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), a raíz de la denuncia que hizo el Gobierno.

La causa está impulsada por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, quien imputó también al ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y a Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.

El juez había pedido la documentación sobre la autorización de salida del envío hecho el 12 de noviembre de 2019 y la respuesta llegó de parte de la Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina.

Según la Fuerza Aérea, en la autorización "no estaban declarados" los 70.000 cartuchos -que según la denuncia no tuvieron destino concreto-, que fueron parte del cargamento con el cual el Gobierno de Macri habría contribuido a una desestabilización contra el gobierno de Evo Morales.

El 12 de noviembre de 2019 un avión Hércules C- 130 partió desde El Palomar rumbo a Bolivia con el material bélico consistente en 70.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; y 52 granadas de gas HC.

En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA), que depende de la AFIP, se constituyó como querellante en la causa. Fuentes judiciales informaron además que la Aduana entregó en soporte papel la documentación contenida en formato virtual requerida por López Bizcayart.

La presentación como querellante de la Aduana en la causa se enmarca en la decisión del Gobierno de ampliar la denuncia por contrabando agravado de material bélico, presuntamente cometido por las máximas autoridades de la gestión de Cambiemos.

La DGA explicó que sumará la "expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía" para reconstruir cómo fue la operatoria.

A partir de las imágenes distribuidas por el Gobierno de Bolivia con relación a las municiones argentinas, los denunciantes pudieron constatar que el número de lote de las municiones coincide con el de las compradas en 2018 y 2019 por la Gendarmería Nacional a Fabricaciones Militares, señalaron a Télam fuentes que trabajan en la denuncia.