La Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) compuesta por casi 1500 federaciones y más de 600 mil empresas, continúa a punto de ebullición: ahora la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la asamblea general en esa entidad.

Entre otros puntos de alta tensión algunas aristas ya se pudieron apreciar en la todavía pendiente paritaria de los trabajadores mercantiles, como las críticas de empresarios pymes a la conducción de la entidad.  Sin perjuicio de los cruces  CAME fue punta de lanza para “bajar” el acuerdo que anunció el sindicato de Comercio al mando de Armando Cavalieri.

Todavía con fuego cruzado entre ese gremio y CAME, la situación interna de la cámara volvió a agitarse ya que tras la denuncia de su vicepresidente primero Diego Navarro, la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendió la asamblea general de CAME que iba a tener lugar este viernes. Según trascendió la IGJ verificó irregularidades en la elección de autoridades y apercibió a su presidente, Gerardo Díaz Beltrán.  Desde la IGJ Ricardo Nissen ya había suspendido una reunión del consejo de CAME el 27 de agosto cuando se requirió la presentación del presupuesto 2020, balances 2017 a 2019 y detalle de inversiones de  2019.

Los hechos que analiza la IGJ tomaron relevancia cuando otro directivo de CAME le pidió a ese estamento su intervención ante una “supuesta y millonaria malversación de fondos”.  El denunciante fue Pedro Salas, titular de la Sociedad Rural de Córdoba que planteó diversas irrgularidades, entre ellas, el desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de $353 millones.

El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores. Ante la primera denuncia, la IGJ intervino y designó a dos inspectores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos, los abogados Martín Blanco y Ana Castagnino.