La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández en la causa que investiga la violencia de género ejercida en contra de su exmujer Fabiola Yáñez. De esta manera, el expresidente será enviado a juicio oral, en donde deberá declarar ante los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Una vez finalizada la etapa preliminar del proceso penal, que incluyó el testimonio de familiares de Yáñez y del personal de la Quinta de Olivos, la Justicia determinó que hay pruebas suficientes como para determinar que Fernández participó en la comisión de un delito. Por eso, pasa a la siguiente etapa, que es el juicio oral.

En esta instancia del proceso, se debaten las pruebas ante un tribunal. La fiscalía, representada por Ramiro González, buscará demostrar la culpabilidad del acusado, mientras que la defensa intentará refutar las acusaciones y demostrar su inocencia. 

Si Fernández es encontrado culpable de los hechos por los que se lo acusan, podría recibir la pena de uno a seis años de prisión por “lesiones leves y lesiones graves agravadas” por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas. En la previa de la instancia oral, la Justicia embargó al expresidente por $10.000.000.

La resolución en la que se confirma la decisión, los jueces Irurzun y Farah argumentaron que los hechos denunciados por Yáñez “sucedieron en un ámbito muy especial -como lo es la Quinta de Presidencial de Olivos- fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”. 

Según los magistrados, la ex primera dama “se vio forzada a practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia”, por lo que tenía un “alto grado de aislamiento”. “Era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, aseguraron, al tiempo en el que fueron determinantes al destacar que “valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”.