La Justicia federal de Lomas de Zamora se encamina a definir en los próximos días la situación procesal de los jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de ordenar y encubrir tareas de espionaje ilegal, mientras avanza la investigación en relación con el rol que habría jugado la dirección de asuntos jurídicos en esas maniobras.

Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tienen previsto entregar esta semana su dictamen para que el juez federal Juan Pablo Auge pueda evaluar y definir la situación procesal de los ex jefes de la AFI y del ex director de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste, antes del 4 de agosto, fecha en la que vencen los diez días hábiles posteriores a la última indagatoria fijados por el código procesal penal como plazo ordenatorio.

Los fiscales ya tienen listo un borrador de lo que será su presentación definitiva, pero aún no establecieron la fecha exacta de entrega porque el ritmo de las correcciones finales se vio alterado luego de que, días atrás, Incardona debió ser internada por haber contraído coronavirus y el resto de los integrantes de la fiscalía tuvieron que aislarse y trabajar desde sus domicilios.

Además, durante el fin de semana conoció que el juez Auge también dio positivo en coronavirus, luego de presentar síntomas leves de la enfermedad, lo que también podría alterar los tiempos previstos para la toma de decisiones en el expediente.

En simultáneo, los investigadores avanzan en el análisis del papel que el área de jurídicos de la AFI habría desempeñado en lo que fue el supuesto espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández, luego de que varios de los indagados apuntaran a miembros de esa dirección como protagonistas de las maniobras investigadas.