La Oficina Anticorrupción (OA) dejó de ser querellante desde este jueves en las causas por lavado de dinero  contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa "Los Sauces" y "Hotesur".

A través de un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal 5, el abogado de la dependencia estatal, Carlos Trigo, oficializó el abandono del rol como parte acusadora en los causas que aún no cuentan con fecha de juicio.

"Que, conforme surge de la resolución cuya copia se adjunta, registrada como Resolución SSIA N° 3/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, el titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa", indica el comunicado al que tuvo acceso la Agencia NA.

De esta forma,  el organismo que conduce Felix Crous, marca un giro en la postura que mantiene en el resto de las causas, en donde en su mayoría se muestra como querellante en los juicios por corrupción.

Entre otros argumentos, Crous aludió a una normativa del 10 de mayo de 2016 que establece parámetros "a fin de evaluar la continuidad en la participación de la Oficina Anticorrupción como querellante según criterios objetivos de priorización y selección".

Además, "debe razonarse que el debido impulso de la acción penal en relación a las mismas, en cualquiera de las instancias procesales que signe su trámite, se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal".

En la resolución se incluyó además el apartamiento de la OA como querellante en otra investigación, la 11904 abierta en el 2014 y en instrucción en el juzgado federal de Julián Ercolini vinculada a supuestas contrataciones irregulares en el hotel "Alto Calafate", de la familia Kirchner, por parte de Aerolíneas Argentinas.

“La Oficina Anticorrupción nunca debió ser querellante en esos casos por tratarse de delitos de lavado de activos, materia específica de la Unidad de Información Financiera”, explicó Crous en declaraciones a la prensa.

La posición de Crous se apoyó en el convencimiento de que los criterios utilizados por su antecesora en el cargo, Laura Alonso, no se ajustaron al rol que debe desempeñar la OA, que sólo debe querellar “en los casos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional”.

En tanto, el Tribunal Oral Federal 5, encargado de llevar a cabo las investigaciones, también reportó desde el inicio de su trativa cambios en su integración. Inicialmente estaba compuesto por la jueza Adriana Pallioti, Daniel Obligado y José Martínez Sobrino, sin embargo el último magistrado fue reemplazado por Adrián Grünberg, lo que despertó sesgo en la elección

En tanto, para la abogada y una de las querellantes, Silvina Martínez, aseguró que la decisión "forma parte del plan de impunidad que empezó desde que ganaron las elecciones", que se sumó al levantamiento de las medidas cautelares, y antició que denunciará penalmente al titular de la OA.    

Por su parte, Juntos por el Cambio cuestionó la decisión de Crous y juzgó que "se consagró el pacto de impunidad firmado en mayo de 2019 cuando Alberto Fernández aceptó ser el candidato del Frente de Todos".

"Ya en diciembre, habíamos marcado que un decreto presidencial llevaba a la OA a la órbita de la Casa Rosada restringiendo mucho más su autonomía", advirtió Juntos por el Cambio en un comunicado firmado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

"Felix Crous, fundador y militante de Justicia Legítima, no fue acompañado por la planta profesional del organismo y firmó una resolución en soledad", afirmaron los dirigentes opositores, y manifestaron que la resolución de la OA no tuvo el "aval de los equipos legales". 

Bullrich, Cornejo y Ferraro manifestaron en el texto que "desde diciembre de 2015 y hasta 2019, la OA participó en decenas de causas relevantes, incluso querellando a la empresa del primo del entonces ex presidente Mauricio Macri en una de las causas Odebrecht y también contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia" y subrayaron: "Siempre actuó con autonomía, profesionalismo y rigurosidad siguiendo los reglamentos".

La familia de la Vicepresidenta está acusada de lavar dinero a través del alquiler de complejos habitacionales por medio de la firma "Los Sauces", y con contratospreferenciales a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. La lista de acusados se completa con 23 personas, aunque por el momento no se ha establecido la fecha para el inicio del juicio.