Dentro del escenario laboral crítico que se intensifica en medio de la pandemia la UOCRA que lidera Gerardo Martínez se declaró en estado de alerta y movilización por 700 despidos de sus trabajadores en la provincia de Salta.

Un escollo anterior a la pandemia e incluso con trazo hacia el gobierno de Cambiemos es el núcleo del escenario planteado, la no efectivización de los certificados de obra, por cifras millonarias.

En efecto la seccional norteña de ese poderoso sindicato industrial le confirmó a BAE Negocios que se hicieron efectivos 700 despidos de trabajadores afectados a las obras de reparación del trazado ferroviario del Belgrano Cargas entre las localidades de Nuestra Señora de Talavera hasta Pichanar, en territorio salteño. Desde fuentes del sector empresario aseguraron que la mayor preocupación por estas horas apunta a "que se discontinue o frene este proyecto relevante para todo el noroeste del país".

Más allá de las normas dispuestas para no permitir cesantías, como ya sucediera en obras de la empresa Techint, semanas atrás y bajo la misma normativa que el Gobierno Nacional dispuso para intentar proteger el empleo, dentro de la emergencia satiaria la UOCRA denunció que la empresa contratista, UCSA, decidió el despido de los trabajadores afectados a esa obra, que tiempo atrás fue considerada como “fundamental” para el desarrollo de la región del noroeste y con impacto de dinámica en economías regionales.

Desde la organización que lidera el también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT e integrante de la mesa chica de Azopardo, detallaron que el personal cesanteado desarrolla  sus tareas en los obradores de Joaquín V. Gonzalez, La Estrella y Apolinario Saravia.

En tanto la empresa constructora deslizó como “causa de una decisión que lamenta” que el Estado Nacional les debe $1.300 millones correspondientes al 70% de las certificaciones de obra de los meses de noviembre y diciembre y el 100% de las certificaciones por los trabajos realizados en enero y febrero.

Mientras la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) y estimaciones sindicales apuntan que la pérdida de puestos de trabajo, bajo Covid-19 por la paralización de labor y otros efectos directos y colaterales se cifra hoy entre los 400.000 y 500.000 puestos de labor, la preocupación de las organizaciones sindicales se traza también, como publicó este diario, en el avance de una reforma laboral “de hecho” que se verifica en este y otros conflictos.

Trama y fondos

Por demoras de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estad (ADIF) se generó el "severo atraso en los pagos que depende del Ministerio de Transporte de la Nación. En el cual acumuló una deuda que supera los $1000 millones, con certificados de obra que datan de noviembre 2019”, precisaron desde fuentes del sector a este medio.

Tanto en el sindicato de la Construcción como en las empresas consideran que “en control de daños”, la pérdida de empleo en esta emergencia del Covid-19 tiene un impacto social mayor que los montos no acreditados, definiendo una “complicadísima la coyuntura”.

La UTE ya elevó los detalles del caso al Ministerio de Trabajo de la Nación, acotrando además que se cumplieron con todas sus obligaciones y renovaron 250km de vía, se construyeron vías segundas en tres estaciones, 1700 metros de alcantarillas, 80.000 metros lineales de alambrados, y 400.000 m3 de terraplenes.

El detalle incluye a tres obradores en las ciudades de Joaquín V. Gonzalez, Apolinario Saravia y La Estrella, centros que desarrollan la operatividad de la obra. Ante el reclamo sindical se solicitó a la cartera laboral nacional para que se pueda “desandar” este tramo de conflicto y cesantías.

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