En el marco del debate de la reforma política, desde la Casa Rosada insistirán con la Boleta Única Electrónica (BUE) a pesar de la resistencia de un sector del peronismo. En el caso de no reunir los votos necesarios para su aprobación, propondrán "avanzar de manera gradual" en algunas de las provincias gobernadas por la alianza Cambiemos y también en otras alineadas con el gobierno de Mauricio Macri.

Más de un año después de que el bloque de senadores del entonces FPV- PJ, rechazara el proyecto de reforma electoral, en sintonía con un puñado de mandatarios provinciales del PJ, desde el Poder Ejecutivo nacional decidieron relanzar la discusión con la esperanza de que el tema se debata en el Congreso dentro del primer semestre de este año.

La única duda que hay en el oficialismo es si volverán al ruedo con el proyecto original, que cuenta con media sanción de Diputados, o enviarán al Congreso una nueva norma. En gran medida eso dependerá de la capacidad de negociación que tenga el Gobierno nacional para conseguir el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores peronistas.

"Vamos a insistir con la Boleta Única Electrónica pero si no se puede avanzar en esa línea, lo haremos de manera gradual en algunas provincias. Arrancaremos con un proyecto nuevo", señaló a BAE Negocios un funcionario del Gabinete nacional. Algunos de los distritos en los que podrían intentar llevar adelante la boleta electrónica serían Mendoza y la provincia de Buenos Aires, en manos de Cambiemos, y Neuquén, gobernada por Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, pero con muy buena llegada al Ejecutivo nacional.

Aunque en algún momento se barajó la idea de proponer la boleta única en papel como alternativa a la electrónica, desde Balcarce 50 la descartaron de plano debido a la dificultad que sería implementarla en las primarias, no así en los comicios generales.

Otro de los temas que podría generar cuestionamientos por parte de la oposición es la propuesta de la Casa Rosada de habilitar el financiamiento de empresas a la campaña electoral, algo que actualmente está prohibido por ley. Desde el gobierno de Macri argumentan que el objetivo es "transparentar" los aportes que los empresarios hacen a los partidos políticos y a la vez establecer un tope de un 3%.

"Todos sabemos que las empresas financian las campañas, por eso proponemos la bancarización de los aportes y fuertes sanciones contra el clientelismo", señaló una alta fuente del Gobierno nacional, en coincidencia con lo que se planteó una semana atrás en el seminario "Financiamiento político en Argentina. Diagnóstico y desafíos", organizado por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.