Del resultado de las negociaciones con el FMI dependerá la discusión sobre el presupuesto 2019 con los diferentes actores de la oposición, el sindicalismo y la Iglesia en el marco del "Gran Acuerdo Nacional". Una vez que el gobierno argentino y el organismo multilateral fijen una meta de reducción del déficit fiscal, desde el Poder Ejecutivo solicitarán a los distintos sectores que presenten propuestas de recortes.

Casi desde el comienzo de su mandato el presidente Mauricio Macri definió que el problema de la economía argentina radica en el déficit fiscal. El miércoles pasado -corrida cambiaria mediante-, pidió "acelerar la reducción" de esa variable económica. A la espera de las sugerencias del FMI, la gran incógnita en la Casa Rosada es el número al que finalmente arribarán en la reducción del déficit para asegurarse así el crédito "stand by". "El Fondo quiere que nos vaya bien, por lo que nos va a pedir cosas razonables", apuntó a BAE Negocios uno de los ministros de mayor confianza del mandatario.

A principios del mes, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que reduciría en medio punto porcentual la meta de déficit fiscal prevista para 2018, del 3,2% al 2,7%". Para el año próximo está proyectada en 2,2%.

Además de destacar que es prioritario disminuir el déficit fiscal, en la revisión del artículo IV de fines de 2017, los directores ejecutivos del FMI indicaron que "es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales". Sin embargo, desde la mesa chica del Gobierno reiteraron las palabras de Macri referidas a que el organismo internacional no condicionará ni impondrá las medidas para alcanzar el equilibrio fiscal.

"Nosotros, junto a otros sectores de la oposición, el sindicalismo y la Iglesia, tendremos que analizar en conjunto las opciones de recortes", explicó uno de los integrantes del centro del poder que conforman el presidente, el jefe de Gabinete; Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el mandatario porteño, Horacio Rodríguez; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el titular de la cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Detrás de la discusión del presupuesto 2019 con los distintos sectores está la necesidad del Gobierno de compartir el costo político de llevar adelante un ajuste. Ese es el objetivo del "Gran Acuerdo Nacional", algo que por el momento parece de difícil concreción, sobre todo si se tiene en cuenta las fallidas experiencias anteriores.

Mientras el equipo económico apura el cierre del acuerdo con el FMI, desde el ministerio del Interior se enfocan en las conversaciones con los gobernadores y legisladores peronistas para preparar el terreno de lo que será la mesa de propuestas de recortes. En esa línea van las recientes rondas de reuniones con los mandatarios provinciales del PJ y los jefes de los bloques opositores del Senado. Del sindicalismo, por ahora, deberá encargarse el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Aunque en Balcarce 50 evitaron dar precisiones sobre qué áreas se podrían ver afectadas, aseguraron que "no habrá ajustes en el gasto social", a la vez que ratificaron el actual esquema tarifario. "Continuaremos por la senda del gradualismo. Buscamos el equilibrio fiscal pero con el cuidado de los más vulnerables", resumió un integrante del Gabinete.

En su discurso de ayer durante la inauguración de la estación Facultad de Derecho del subte H, Macri dio una pista de por dónde podría ir la poda cuando habló de la necesidad de que "todos trabajemos la misma cantidad de horas, días y años". El blanco serían lo que desde el gobierno de la alianza Cambiemos llaman "jubilaciones de privilegio", en alusión a los regímenes especiales que tienen los docentes y judiciales.