Mientras el Gobierno destacó que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) bajo el Covid-19 cubre a 2.200.000 de trabajadores, su llegada a empleadores de alto rango generó críticas sindicales y de abogados laboralistas.

Entre otras voces el secretario general de Canillitas, Omar Plaini, y el titular de un sector de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, coincidieron en reclamar que la ayuda sea directa para los trabajadores.

Más allá de que la situación de empleadores, sobre todo pymes y también firmas de realce acusan los impactos de la inédita crisis, y que los dos dirigentes comparten una visión positiva de la gestión que encabeza Alberto Fernández, en esta oportunidad manifestaron sus quejas sobre cómo se maneja el auxilio económico en pandemia. "Estamos en una situación desesperante, cabe recordar que hicimos varias notas al ministro de Trabajo (Claudio Moroni) pidiendo una asistencia económica. Nosotros necesitamos esos 10 mil pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para parar la olla", graficó.

Canillitas, recordó Plaini a BAE Negocios, solicitó ser incluido en la asistencia de la Anses hace más de un mes y todavía no recibió respuesta a tal requerimiento. De allí que la certificación de que compañías de renombre ingresaran con celeridad a la ayuda oficial generó el malestar de ese y otros gremios, por lo cual Plaini subrayó que mantendrán "con insistencia un justo reclamo para que los trabajadores sean considerados como lo que son, eje del desarrollo humano situación que se agiganta en la emergencia inédita que vive el país y el mundo".

Micheli con trazos similares, elevó la apuesta apuntando a la cartera laboral por "atender sólo a los amigos" e ironizó que ese ministerio demuestra con su accionar "más interés de que le vaya bien a los empresarios en detrimento de los trabajadores".

En este punto el movimiento obrero debatió puertas adentro, además de las declaraciones que autoridades de niveles importantes de las empresas más grandes del país hayan cobrado sus sueldos vía ATP en medio de la crisis provocada por la pandemia.

Redistribución

Por su parte el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, consideró que el apoyo del Estado a las empresas para pagar los salarios es una de las medidas más importantes, junto con la prohibición de los despidos, a fin de enfrentar las consecuencias de la crisis. "Las reducciones salariales que habiendo nacido como excepción se convirtieron en regla van en el camino contrario", le recalcó a este diario. Desde ese foco fue crítico al analizar que la la ayuda económica sea la misma para una gran empresa que más allá de sufrir una lógica caída en su rentabilidad, pueda afrontar este momento, que la colaboración que se le otorga a una pyme. "Esto atenta contra el sentido de las medidas, debería controlarse que esas empresas poderosas no hayan girado utilidades, comprado dólares, o evadido de alguna forma sus obligaciones tributarias y tal previsión no se observa", señaló. Incluso a consideración de Cremonte queda la alternativa de que "redistribuyendo esos fondos se pueda solventar el total de los salarios de otras empresas que verdaderamente están al borde del abismo".

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