La justicia porteña levantó las medidas cautelares que restringían la salida del país a representantes de Uber por considerar que, de acuerdo a la Ley Penal Tributaria vigente, no se han reunido pruebas suficientes para determinar que exista delito alguno.

La jueza Cristina Lara, responsable del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 21 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinó ayer levantar las medidas cautelares.

Fuentes judiciales indicaron que la jueza aplicó la ley más benigna porque la nueva norma sobre evasión pone un piso de un millón y medio de pesos para que sea considerado delito y el monto que se le comprobó hasta el momento a Uber es de poco más de un millón.

Aunque se levantaron las medidas restrictivas, el posible delito continua en investigación para ver si hay más dinero evadido; y además Uber no tiene aún la habilitación como empresa de transporte. 

Fuentes de la investigación señalaron que se espera un nuevo dictamen de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para ampliar el monto de evasión y llegar al millón y medio que estipula la nueva ley después de la última reforma.

A través de un comunicado, Uber afirmó que continúa insistiendo en “la necesidad de comenzar el debate regulatorio, tal como se ha hecho en tantas ciudades alrededor del mundo”.