La pulseada interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tuvo un nuevo capítulo con una medida de fuerza que activó el sector que se opone a la conducción de Roberto Fernández en ese sindicato. Los ejes del paro estuvieron cifrados en mejoras salariales y otros derechos que consideran avasallados desde la oposición al comando sindical de los choferes.

En efecto, los choferes de más de 52 líneas de colectivos de la CABA y del Gran Buenos Aires no prestaron servicios durante 24 horas y se estima que resultaron afectados alrededor de 700.000 pasajeros que utilizan a diario ese medio de transporte público. El Gobierno no estuvo ajeno al cruce de acusaciones de la conducción gremial y quienes resisten su mandato, ya que el ministro de Transporte, Mario Meoni, consideró la huelga como "ilegítima en términos legales", acotando también que "la UTA y el conflicto no tienen que ver con cuestiones salariales, sino con temas internos sobre los cuales trabaja la cartera laboral", según lo informo la agencia Télam.

La oposición a la cúpula que encabeza Roberto Fernández está liderada por Miguel Bustinduy de la agrupación "Juan Manuel Palacios". La extensa nómina de líneas donde la medida de fuerza se concretó incluye a la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51 entre otras.

Mientras que algunas de las provinciales adherentes al paro fueron la 256, 263, 271, 299, 370, 373 y la 384. Además del detalle respecto a las líneas que interrumpieron su prestación, los datos duros respecto a incidencia en el transporte de pasajeros se cifra en que una decena de las más relevantes es utilizada por cerca de 15.000.000 de personas por mes.

Dos cuestiones más completan el panorama friccionado de la UTA, en las últimas horas esa unión de trabajadores suscribió con las cámaras empresarias y ante el ministerio de Trabajo un acuerdo salarial de recomposición en valor del 18,3%, incluyendo la suma fija que definió la Casa Rosada por vía del decreto, mecánica que anticipó BAE Negocios en su momento, en cuanto a la ponderación de ese importe remunerativo, como piso salarial o herramienta de cancelación de convenios 2019.

Tampoco se encuentra ajeno a los cruces el grupo Dota, al cual la conducción de la UTA los apunta por intentar desestabilizarlos ya que los choferes que adhirieron a la huelga prestan servicios en líneas de dicha empresa. Fernández incluso le aseguró al diario "Crónica" que "gerentes de la monopólica Dota quieren conducir a la organización gremial a través de pseudodirigentes", en referencia a la agrupación Palacios de Bustinduy. No quedaron allí las imputaciones del jefe de la UTA a quienes le intentan disputar el mando gremial, y apuntó que la empresa además de una cantidad importante de líneas de colectivos posee la fábrica de chasis Agrale, tiene su propia mutual y una aseguradora "pero le falta la UTA para llegar al combo completo".

A tono de advertencia, Fernández remarcó que no solo la huelga fue contraria a la ley sino que exaltó que se está poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo. El historial del enfrentamiento sindical incluye los serios incidentes que tuvieron lugar en la sede de la UTA, donde se destruyeron instalaciones, equipamientos y material de archivo durante una protesta que activó la oposición, hecho que tuvo lugar a comienzos de diciembre y a pocas horas de asumiera la presidencia Alberto Fernández.

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