Antes de que el proyecto de ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" ingresara formalmente ayer por la tarde a la Cámara de Diputados, desde la oposición empezaron a surgir las primeras críticas a la iniciativa del oficialismo. Los principales cuestionamientos apuntaron a la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo nacional y a la suspensión por seis meses de la movilidad jubilatoria que rige desde fines de 2017.

Las reuniones en el Congreso empezaron temprano. Pasado el mediodía, el interbloque de Juntos por el Cambio tuvo su primer encuentro -en el que también participó el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza- para analizar el texto de 86 artículos, que declara "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social". Aunque más tarde volverían a verse las caras, desde la Coalición Cívica-ARI, adelantaron al resto de los legisladores de las bancadas de PRO y la UCR que no darían quórum en la sesión de mañana.

Al igual que el radicalismo, en el bloque que conduce Maximiliano Ferraro cuestionan "la delegación de facultades" y sostienen que el gobierno de Alberto Fernández no necesita "ninguna emergencia para tarifas", entre otras cuestiones. "Quieren hacernos creer que Juntos por el Cambio dejó tierra arrasada. Esto no es así. Vamos camino a una democracia delegativa", apuntó el titular de la Coalición Cívica-ARI.

"Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad", planteó el presidente del bloque de la UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que además advirtió que su objetivo es llegar al plenario de comisiones de hoy con una posición "firme sobre cada uno de los artículos".

A la convocatoria de las comisiones de Presupuesto, que preside Darío Martínez, y de Legislación General, que encabeza Cecilia Moreau, acudirán los ministros Martín Guzmán, de Economía; Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo; Claudio Moroni, de Trabajo; Daniel Arroyo, de Desarrollo Social; Ginés González García, de Salud; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

El jefe de la bancada macrista, Cristian Ritondo, también sostuvo que estaban "trabajando en forma conjunta para unificar criterios y llegar con una posición conjunta". Sin embargo entre los diputados de PRO había dos posturas. Los más duros planteaban no dar quórum, mientras que desde el sector más "dialoguista" sostenían que el ex mandatario Mauricio Macri "apeló a la delegación de facultades para gobernar" y que es momento de "ser una oposición responsable".

Al cierre de esta edición, las discusiones dentro del interbloque de Juntos por el Cambio continuaban. Aún cuando resolvieran dar quórum, barajaban la posibilidad de plantear en el recinto que son necesarios los dos tercios para habilitar el tratamiento del proyecto, tal como establece el reglamento, algo a lo que pocas veces se ciñeron desde la UCR, PRO y la Coalición Cívica- ARI cuando eran oficialismo. Según fuentes parlamentarias, hasta ayer por la noche, lo único seguro era que las tres bancadas "votarán en contra en general".

A diferencia de Juntos por el Cambio, desde el interbloque Federal, que conduce Eduardo Bucca, y del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón, adelantaron que acompañarán la iniciativa del Frente de Todos pero plantearán algunas modificaciones, en especial, en lo referido a la movilidad jubilatoria. Ambos espacios son fundamentales para el oficialismo, que contará sólo con 119 bancas propias, diez menos de las que se precisan para alcanzar el quórum.

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