Una amplia franja de profesionales del derecho del Trabajo considera que el nuevo intento por transformar en ley varios capítulos de la forma laboral es inaceptable desde la opinión y datos. La gama va desde ponderar a los convenios y legítimas potestades de los trabajadores a cuestionar su eventual impacto en generación de empleo y/o beneficios económicos, según reseñaron especialistas en la materia a BAE Negocios. Para el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, hay simetría en el esquema económico, la reforma de hecho y los proyectos. "Es parte del proceso de ajuste que parece no tener fin. Más del 80% del empleo que se crea en este momento es precario. No hay derechos laborales. Todo bajo el disfraz que intenta ofrecer cierta naturalidad para celebrar que bien qué estamos con la recesión, el dólar a 40 y la pérdida de puestos de trabajo".

Sobre esencia, el abogado Luis Roa, integrante del foro de laboralistas Norberto Centeno, apuntó que los derechos de los trabajadores se constituyen en un ciento por ciento "como derechos humanos, no desde el antojo reflexivo sino en virtud de lo que demandó acceder a ellos por parte de generaciones en este país y en todo el mundo". Las iniciativas que tratará el Congreso apenas retome su actividad versarán sobre el blanqueo y la creación de un fondo para desempleados como hits de un mismo álbum. Mientras tanto desde la flexibilización se potencian estaciones "sector por sector". Bajo la óptica del titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, la génesis de nuevos puestos de labor e inversión empresaria pueden ser considerados bajo altísima sospecha. "Nada indica que por esta senda se vaya a reducir el trabajo en negro o ilegal. Se presupone que el problema es el denominado costo laboral, y si consultamos a los pequeños y medianos empresarios, generadores de trabajo real, constataremos que el problema más grave es el costo financiero para llevar adelante sus compañías".

Cremonte echó mano al impacto del tarifazo de los servicios de energía, corrosivos para el público en general pero mucho más para las pymes, a nivel de los costos que maltratan a los empresarios en rigor de las tasas de interés, la toma de créditos o simplemente cambiar cheques. "Se trata de política económica, no de derechos laborales si hay que frenar la crisis. Se trata de reactivar la capacidad de consumo y no de aplicar un apósito protector vía reforma laboral para una herida tremenda como la que abrió este esquema económico", dijo el titular de la AAL. "La reforma laboral de hecho comenzó con el triunfo de Cambiemos en 2015. Incluso la que se aplicó y se aplica de hecho es más potente que la que tratará el Congreso el tercer intento claro", acotó Luis Roa. Para la enumeración, tanto este letrado como Tomada y Cremonte enumeraron ítems en coincidencia, disciplinar a sindicatos, demonizar a abogados de trabajadores, jaquear e intentar limitar a la Justicia de Trabajo.

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