El inocultable escenario de posibles suspensiones y aluvión de despidos que podría determinar la emergencia sanitaria por el coronavirus detonó el pedido de la CGT para suspender dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Los mismos remiten a casos de fuerza mayor y habilitan suspensiones e indemnizaciones al 50%. Abogados laboralistas respaldaron la decisión de Azopardo sin medias tintas. Héctor Recalde sostuvo: "La protección del empleo se torna un bien social indispensable en esta emergencia". A su criterio, hoy determinados empresarios no dudan "en liberar vocación de reducir los costos laborales" y acotó: "Es el momento de pensar si llegó la hora de definir la estabilidad propia. Esto es, que ningún trabajador pueda ser despedido sin causa, no es hora de medios tonos. Basta de despidos libres en favor de ciertos empleadores".

Ante la consulta de BAE Negocios, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, reivindicó la postura de Azopardo: "Es necesario suspender con urgencia los artículos 221 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) mientras dure la cuarentena. El primer artículo refiere a suspensiones y el segundo al monto del pago por despidos, que se reduce a la mitad, para el encuadre definido como fuerza mayor". El también referente de Sanidad remarcó que corresponde preservar el empleo en primer lugar como también los ingresos de los trabajadores. "De esto se trata el reclamo muy claro que hemos planteado a las autoridades de nuestro país", dijo Daer.

Avalando esa tesitura el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, ponderó la el dictado de una norma que restrinja la aplicación de la "fuerza mayor" para despedir o suspender trabajadores. No obstante lamentó que más allá de eventuales disposiciones "no se impedirá que las empresas despidan trabajadores pagando la indemnización completa. Por eso planteamos que en este marco de emergencia deben prohibirse los despidos y las suspensiones. Si a este aislamiento le sumamos la pérdida del ingreso y empleo, la tragedia social sería enorme", advirtió.

A consideración del laboralista Luis Roa, secretario de Relaciones del Trabajo (UBA), "parte del sector empresario está usando la LCT para disponer suspensiones y despidos por fuerza mayor en el marco de la pandemia. Alegan que es un hecho irresistible e inevitable y por lo tanto es imposible la prestación de tareas en muchos sectores". Para el abogado corresponde hacer foco en que quienes alientan medidas drásticas contra trabajadores no dicen, por ejemplo, que "la abstención de concurrir al lugar de trabajo obedece a una cuestión de orden público para preservar la salud de los argentinos. Por eso el Estado ha dispuesto garantizar el salario por la resolucion 219".

"En ese sentido, la invocación patronal es un fraude laboral: utilizan una norma válida para darle un sentido contrario al que tuvo la ley, que lo ultimo que busca es transferir el riesgo empresario a los trabajadores. De todos modos la discusión no es jurídica, sino política, y en esos términos deberá entenderse el pedido de la CGT", aseguró.

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