La Legislatura porteña aprobó hoy la ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, por la que se le otorgan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta herramientas como la "ilimitada" reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios para afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus. La mayoría de la oposición votó en contra del proyecto.

En una sesión mixta -virtual y presencial-, la iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR-Evolución, Consenso Federal y GEN, mientras recibió el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad, y del Frente de Izquierda.

Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos.

La norma aprobada podrá ser aplicada hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza a los tres poderes del Estado porteño.

El proyecto había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas por Rodríguez Larreta y, durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, lo que derivó en una serie de modificaciones.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero, admitió que fue el propio Jefe de Gobierno quién decidió dar marcha atrás con la habilitación que el proyecto le daba para pagar salarios estatales de forma escalonada y estimó que cuando se comete “algún que otro error” si se “puede enmendar, no es trágico, sino que habla de la grandeza de haber reconocido que podemos mejorar”.

Aun así, los partidos opositores señalaron que la ley no indica nada sobre los contratos de locación de servicio y que eso pone en riesgo potencial a “cerca de 18 mil trabajadores”.

También se criticó de manera reiterada que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.

En este sentido, el Frente de Todos explicó su rechazo a la norma no sólo en la “discrecionalidad absoluta” para el manejo de fondos sino que especialmente criticó la falta de políticas económicas que apuntaran a fortalecer a sectores vulnerables, a sectores medios de la ciudadanía porteña y a las PyMEs y al área de vivienda.

Por su parte, Gabriel Solano del FIT-PO criticó la medida al argumentar que "los que votan esta ley lo están haciendo para que no haya agua en las villas de la Ciudad” y apuntó contra la precarización de los salarios, especialmente los del personal de salud, quienes afrontan la pandemia “sin los equipamientos de protección” necesarios.

En tanto, grupos de izquierda protestaron frente a la puerta de la legislatura contra la aprobación de la ley haciéndose uso del tapabocas obligatorio.

El legislador radical Francisco Nosiglia criticó a la oposición por "no acompañar (esta iniciativa), cuando en Nación se gobierna sin presupuesto, sin sesionar en el Congreso, con una Ley de Emergencia de 2019 que delegó más competencias que la de 2002”.