El Estado es el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena en la construcción de un orden público legítimo.

Si bien el anclaje estatal tiene implicancias que alcanzan a toda la sociedad, es especialmente importante para los sectores postergados, discriminados y/o excluidos, quienes no tienen la posibilidad de “fugarse” de la Administración Pública mediante la contratación de servicios o el acceso a beneficios privados. En un contexto de turbulencias en los mercados, limitaciones en los arreglos institucionales para afrontar crisis de carácter global, fragmentación social, intenso cambio tecnológico, apatía y desconfianza ciudadana hacia la política y las instituciones públicas, uno de los problemas más importantes que enfrenta el Estado argentino es su debilidad para elaborar políticas públicas orientadas a satisfacer las crecientes demandas ciudadanas.

Si bien esta debilidad es consecuencia de diversos factores, hay uno en particular que es relevante: la asignatura todavía pendiente de (re) construir una función pública competente. Esta es una condición esencial en toda estrategia dirigida a fortalecer el aparato estatal dado que, bajo la conducción del nivel político, son estos funcionarios los que tienen a su cargo la tarea cotidiana de mover la maquinaria pública.

Bajo esta premisa, un grupo plural de académicos y ex responsables de áreas de gestión pública en gobiernos democráticos impulsamos un consenso orientado a la mejora del funcionariado estatal de nuestro país en todos los niveles y jurisdicciones (https://sites.google.com/view/consenso-funcion-publica).

Entre las principales líneas de acción propuestas por este consenso se encuentran el ingreso mediante examen abierto a la ciudadanía; la planificación estratégica y con sustentabilidad financiera de la planta de personal; la puesta en acción de carreras administrativas; la creación de un régimen de funcionariado civil superior; el cumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva; la liquidación de plantas irregulares; la inversión en capacitación y la constitución de un Consejo Nacional de la Función Pública con participación de los partidos políticos y de sectores sociales, empresariales, gremiales y académicos.

Un primer tema a destacar es el amplio y plural apoyo concitado. Es particularmente notorio que alrededor del “Consenso…” han confluido figuras que en otras esferas de lo partidario, lo político y lo conceptual tienen profundas diferencias.

Una lectura posible de esta situación podría originarse en lo errático y näif de las políticas de fortalecimiento estatal en Nación, Provincias y Municipios, una suerte de contracara de una situación paradojal: hay un reconocimiento continental a muchos cuadros técnicos y académicos argentinos que tiene como única excepción a nuestro país.

Creemos que esta conformidad generalizada expresa una suerte de hartazgo por parte de muchos de los expertos sobre la rutina gubernamental de “comprar” la última novedades -y lanzar la enésima modernización, que generalmente está vinculada a costosos paquetes de consultoría recomendados por los organismos multilaterales de crédito- que se han mostrado ineficientes para resolver lo básico.

¿Y qué es lo básico? En nuestra lectura, tiene que ver con resolver los desafíos planteados hace más de un siglo por autores como Max Weber: funcionamiento conforme a norma, carrera y estabilidad del cuadro administrativo, relevancia del conocimiento técnico que, sin embargo, debe subordinarse a lo político. Dicho de forma directa: el “consenso” marca un quiebre con las ideas gerencialistas, complemento lógico y/u obligado del ocaso de las políticas neoliberales. En octubre veremos si esto es así, o sea, si los expertos expresan más o menos correctamente el clima de época

*Decano de la Facultad de Políticas Públicas y Gestión Ambiental (UMET)

**Subdirector del CIAP/FCE/UBA