La narrativa del poder soberano no parece tener límites, y así como no son una excepción los legisladores, tampoco lo son los gobernadores. El enfrentamiento a la casta política se convirtió en la principal herramienta para conseguir acuerdos, con el sostén del 55,65%, y en una semana clave para Ley Ómnibus desplazaron sus tácticas. Aún resta hasta el martes para acaparar consensos, y mientras tanto el oficialismo aplica "el que avisa no traiciona".

A los ponchazos, esta semana lograron emitir dictamen mayoritario entre Comisiones con el apoyo del PRO, una parte de la UCR y Hacemos Coalición Federal, sumado a la oveja negra del peronismo, Agustín Fernández: el único diputado de UxP que votó a favor, a pedido del gobernador Osvaldo Jaldo. Con vista al martes que viene para comenzar a sesionar, el oficialismo no para de subir la apuesta.

 

Ley Ómnibus: el tira y afloje entre gobernadores

En paralelo a las negociaciones en el Congreso, que terminaron por debilitar el bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados y dio a luz un nuevo bloque peronista afín al oficialismo, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo se sumó a las alertas sobre el ajuste que tanto el presidente Javier Milei como el vocero presidencial Manuel Adorni repiten hace semanas. "Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley (Bases), el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias", publicó.

"No fue una amenaza, tal vez se interpretó equivocadamente", quiso remediar el negociador por excelencia de este gobierno, el ministro del Interior Guillermo Francos, que esta mañana dio definiciones sobre el proyecto de Ley Ómnibus. Entre sus declaraciones más distinguidas, dijo que no habrá más cambios y que desde LLA se encuentran optimistas para aprobar la Ley.

"Llamen a los gobernadores de las provincias que explotan petróleo: están de acuerdo. Llamen a los productores del norte a ver qué opinan de la ley respecto al etanol: van a ver que están de acuerdo. No es casual que hayamos avanzado hasta este punto y que hayamos conseguido acuerdos", dijo Francos este jueves a la mañana.

Y agregó: "Lo que dijo Caputo es que todas las provincias demandan fondos y cuando no hay fondos, se suprime la transferencia porque no hay plata para mandar. Y ahí las provincias van a tener problemas. No es una amenaza: es una realidad".

No es casualidad que los dichos se dan en plena negociación por la Ley Ómnibus y días después de que enviaran al Congreso la "Ley de Impuesto a los Ingresos Personales", para dar lugar al reclamo de los gobernadores ante la caída en la coparticipación. Por un lado, el Gobierno les muestra la voluntad de colaborar, pero no sin dejar de advertir sobre los términos y condiciones que deberán cumplir para lograrlo.

Otro punto clave es la eliminación de la suba de retenciones prevista en la Ley Bases, ya que los mediadores radicales y del PRO lo ven como un requisito necesario para apoyar el proyecto. Los gobernadores avisaron que si no dan lugar a ese pedido, los votos de sus legisladores no acompañarán el martes. Sin embargo, este jueves Caputo se reunió con empresarios para que respalden el proyecto y no cedió en ese punto. 

"Todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos”, les prometió el ministro Caputo, pero subrayó en que "la mitad del déficit está en las provincias" y que estas “tienen que entender que deben ser parte de la solución”. En paralelo, el presidente Milei encabezó otra reunión de gabinete en Rosada, también para definir sobre las modificaciones, en pos de conquistar el voto de la oposición.

Una fiscalía especial para investigar a legisladores

Este jueves, además, el Gobierno decidió anunciar la creación de una fiscalía especial anticorrupción, con el principal objetivo de "perseguir más que nadie" estos delitos, bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal. “Esto incluirá a todos los funcionarios públicos, nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo", subrayó Adorni, cuando confirmó la medida.

No pareció ser una casualidad, sino más bien otro de los avisos. Y es que lo que llamó la atención no fue solamente que lo confirmen en el marco de las negociaciones por el proyecto de ley, sino que además la categoría "especial" llevó a despertar las inquietudes.

Ya existe la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia, creada en 1999 bajo el mandato del expresidente De la Rúa con la Ley 25.233, y si bien se dedica a investigar a todo ente público o privado que reciba aporte estatal, la OA no tiene competencia para realizar investigaciones en el ámbito del Poder Legislativo o Judicial. Esto es lo que Milei no quiere dejar pasar, en medio del debate del proyecto de Ley y el avance de la revisión constitucional del DNU en la Justicia.