LA LIBERTAD AVANZA

Ley bases: el Gobierno oficializó la delegación de facultades y privatizaciones

El Gobierno reglamentó las primeras medidas de la Ley Bases a través del Boletín Oficial. Los principales puntos 

El Gobierno reglamentó las primeras medidas de la Ley Bases, aprobada a fines de junio. La vía legal para ir hacia "un país libre y próspero" dio sus primeros pasos y fue publicada en el Boletín Oficial a última hora del domingo, a través del decreto  695/2024.

Con la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo, se trazaron los primeros pasos legales hacia la "Reforma del Estado" que se propuso el Gobierno.

 

La reglamentación de estas primeras medidas de la Ley Bases son el punto de partida de lo que se viene: forman parte del plan de transformación del Estado que se propuso el Gobierno el 10 de diciembre. Incluye, por ejemplo, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Ley bases: el Gobierno oficializó la delegación de facultades y privatizaciones
Con la firma de Javier Milei, se reglamentó la delegación de facultades y privatizaciones de empresas públicas
Los puntos de la Ley Bases que oficializó el Gobierno

A partir de este lunes, rige la emergencia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Además, el Poder Ejecutivo tiene facultades delegadas, lo que le habilita al presidente Javier Milei a tomar decisiones por fuera del Congreso.

El Decreto publicado este lunes también declara a algunas empresas públicas como sujetas a "privatización o concesión". Ese es el caso de Aysa, Yacimientos Río Turbio, Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales S.A.

La medida reglamentó el capítulo 3 de la Ley Bases, que está vinculado a la recisión y concesiones de contratos de obras públicas. Además, el decreto abarca el capítulo 4, que está vinculado al recorte del empleo púbico. Se trata de una medida que afectaría a alrededor de 180 mil empleados.

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