El oficialismo y la oposición fijaron un cronograma en Diputados para discutir una nueva Ley de Alquileres, que reemplazó a la que se sancionó hace dos años. Con más dudas que certezas, los legisladores buscarán primero consensuar una postura dentro de sus propios espacios políticos para luego llevarla al debate de la semana próxima. 

Lo único en lo que todos coinciden es en que es necesario cambiar la norma actual. Así lo dejó plasmado en el encuentro en el Anexo A, minutos después de constituir la comisión de Legislación General, que encabeza la oficialista Cecilia Moreau. El intercambio entre los diputados y las diputadas eventualmente menos de una hora. En ese lapso, se alcanzará que se realizarán cinco reuniones, de las cuales serán tres informativos para escuchar a los representantes de los diferentes sectores (el 12, 19 y 20 de abril) y dos para debatir entre los legisladores y finalmente emitir dictamen (el 26 y 27).

"Esperamos en estos 30 días de tratamiento de la Ley de Alquileres intentar acercarnos a confeccionar un dictamen que contempla las modificaciones que se consideran necesarias con respecto a la ley mencionada", dijo Moreau, en alusión al tiempo que se auto impuso dentro de la comisión para diseñar una iniciativa que beneficie en simultáneo a los inquilinos y los propietarios. Sin embargo, desde las dos principales coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, surgió que será muy difícil alcanzar un equilibrio que deje conformar a ambas partes.

Uno de los pocos puntos de acuerdo que hay entre el oficialismo y la oposición es que es preciso modificar el artículo que establece que los contratos de alquiler sean por tres años. La mayoría considera que deben ser de dos años, aunque algunos plantean que directamente no determinarán un plazo de duración específico. También son varios los que sostienen que hay que cambiar la fórmula de actualización anual. Para esta última cuestión no hay una respuesta única, ni siquiera al interior de cada uno de los espacios. En Juntos por el Cambio están quienes creen que hay que dejar de contemplar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para calcular el aumento del alquiler, aún cuando se encontró que eso no será aceptado por los propietarios.  

"Tenemos una situación muy compleja con respecto a cualquier ley de alquileres, principalmente por la falta de un plan económico, que estabilice la moneda, y que realmente tengamos una lucha contra la inflación para bajarla. Si esos tres factores no funcionan, ninguna ley va a ser posible", dijo a BAE Negocios la diputada radical y secretaria de la comisión de Legislación General, Karina Banfi. 

"En este proceso vamos a trabajar para resolver inmediatamente la situación habitacional que tienen los inquilinos y la posibilidad de contratar que necesitan muchos propietarios, pero necesitamos un mercado de alquileres que se regule por sí mismo a través de una amplia oferta, que es la única que va a regular el mercado y eso se consigue con una estabilidad monetaria que permita el crédito hipotecario a largo plazo", agregó la legisladora de la UCR.  

Un rato antes de la reunión de comisión, el diputado de Encuentro Federal Emilio Monzó presentó un proyecto que busca modificar el plazo de alquiler a 2 años, prorrogable por un año más; además propone eliminar el índice de actualización obligatorio y plantea que la indexación se convenga entre las partes o por índice oficial, ajustable en un tiempo no menor a 6 meses, agregar contratos temporarios con una duración de 6 meses y suprimir la obligatoriedad al propietario de elegir una de las garantías que proponía el locatario.

En la bancada oficialista tampoco hay una postura unificada en torno a las reformas que deberán llevarse adelante. "No somos partidarios de derogar la ley actual, como plantean en Juntos por el Cambio; pero tenemos que terminar de discutir entre nosotros qué queremos llevar al debate porque hay muchas iniciativas distintas", destacó un diputado del bloque oficialista.

A diferencia del proyecto de José Luis Gioja, que tiene algunos puntos que destacan en el oficialismo; la propuesta de Gisela Marziotta tiene menos consenso puertas adentro, en especial en lo referido a la creación de una Cámara Nacional de Alquileres, que regule los precios.     

"Hay distintos proyectos presentados, algunos pidiendo la derogación, otros cambios distintos entre sí", apuntó Moreau, en alusión al panorama que hay en torno a la Ley de Alquileres. Y continuó: "No sólo es importante a los diputados que quedaron proyectos, sino también a todos aquellos que desde la sociedad civil están haciendo planteos sobre el funcionamiento de la ley. Sin preconceptos, es importante el punto de vista de los inquilinos, los propietarios y las cámaras inmobiliarias".