Tras la última ronda de expositores, los diputados buscarán avanzar la próxima semana con la redacción de una nueva Ley de Alquileres, sin embargo hasta ahora no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición en torno a los cambios que deben llevarse adelante.  

Si bien en el cronograma original estaba previsto que este martes comenzara el intercambio entre los integrantes de la comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, finalmente se resolvió que hubiera otra reunión informativa, de la que participaron especialistas y representantes de sectores relacionados con la cuestión.

El objetivo de este encuentro era ampliar la cantidad de expositores para hacer un abordaje lo más federal posible, pero además ganar tiempo para continuar por debajo con las negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. En total, ya pasaron por las reuniones informativas 140 representantes de los inquilinos, propietarios y las cámaras inmobiliarias. 

Según expresó Moreau, entre el martes y el miércoles próximos se escucharán "a los autores de los proyectos que están en esta comisión".

Los puntos que se discuten son reducir los plazos de los contratos a dos años (en la actualidad son tres años) y la actualización cada seis meses, contra el esquema anual vigente. No obstante, a diferencia de lo que plantean los propietarios y los corredores inmobiliarios, la mayoría de las asociaciones de inquilinos sostienen que no es necesario cambiar la norma actual. Ese mismo reclamo hizo el dirigente de la CGT Pablo Moyano, quien solicitó ser invitado para exponer ante la comisión.  


Mientras Juntos por el Cambio propone volver a los contratos por dos años con posibilidad de prórroga sin costo, tal como piden los propietarios; en el oficialismo hay un sector importante del bloque del Frente de Todos que es partidario de mantener los tres años de contrato y el esquema de ajuste anual.
 


Expositores



Una de las que habló ante la comisión de Legislación General fue la subsecretaria de Hábitat de Rosario, Josefina del Río, quien se refirió a la crisis habitacional y dijo que ese organismo recibió 14 mil consultas por el tema de alquileres. Y advirtió sobre la falta de aplicación de gran parte de la ley actual, a la vez que sostuvo que "el problema no son los plazos, sino la seguridad jurídica".

Desde la Fundación Haciendo, Josefina Mendoza, propuso que la reforma contemple "un régimen específico para estudiantes de nivel superior". Por su parte, la representante de la Fundación Amadeo Capital Humano del Chaco, Susana González, señaló que "lo que se discute es la plata y los intereses económicos, no de los propietarios, sino de las corporaciones inmobiliarias, perjudicando notablemente a los inquilinos".

El economista Sergio Chouza, de la Consultora Sarandi, sostuvo que "hay voluntad de legislar en procura de defender los intereses de una de las dos partes. Si hacemos una modificación de esta ley va a perder una de las dos partes, que es la de los inquilinos y vamos a legislar en función del lobby inmobiliario".

A su turno, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, dijo que "esta discusión se está realizando sobre la base de 4 millones de familias que no tienen hoy garantizado el acceso a la vivienda propia y cualquier debate es insuficiente si no hay una discusión de fondo y una política que lo resuelva".

La directora de la Maestría de Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, Cinthia Goytia, propuso "una reforma que no naturalice el fenómeno inflacionario en el mercado del alquiler", ya que "una regulación inapropiada puede generar serias distorsiones y reducción en la oferta a largo plazo".