El proyecto de Responsabilidad fiscal apunta a poner un límite al crecimiento del gasto en las provincias, diferenciando entre las que tienen superávit y aquellas que tienen déficit. Entre otros puntos, estipula:

►Todas las jurisdicciones mantendrán constante el gasto primario en términos reales y, en el caso de las deficitarias o con servicios de deuda superiores al 15%, el gasto total.

►Intereses de deuda no podrán superar el 15% del giro de coparticipación a los municipios.

►La tasa nominal de incremento del gasto público primario no podrá superar a la tasa de aumento del IPC nacional. Esa última tasa estará expresada en las pautas macrofiscales del Gobierno nacional.

►Para controlar el empleo público, no se incrementar la relación entre cargos en el sector público (a diciembre de 2017) contra el nivel de población proyectado por el Indec.

►Compromiso para "armonizar" y no aumentar presión tributaria. Publicación anual de presión impositiva en cada área.

►Estará prohibido incrementar el gasto corriente "permanente" (que dure más de 6 meses) en los últimos 2 trimestre de un mandato.

►Ante incumplimiento, se pondrán límites a avales y garantías del Gobierno nacional y límites a envíos de fondos no automáticos.