El fallo de la Corte Suprema que avaló la extinción de contratos de trabajo en escribanías sigue potenciando repercusiones en el fuero laboral y sindicatos. El ex diputado Héctor Recalde sostuvo que la Corte “ofrece una aplicación fría de la ley, es decir alejada de la realidad y en tiempos de pandemia”.

Sin obviar una autocrítica recordó que fue legislador durante 12 años y acotó: “Asumo que debimos derogar esta alternativa. Hablo de dejar al trabajador en soledad, porque esa persona no tiene a un letrado asistiéndolo, ni a un sindicato, carece de apoyo y renuncia a un derecho”. Recalde citó incluso la modificación del artículo 12 de la LCT, un proyecto de su autoría, que establece la irrenunciabilidad de los derechos de un trabajador.

“Cualquier renuncia en este tenor debe ser interpretada como restrictiva, porque ante la menor duda sobre que un trabajador fue llevado a renunciar, creo que el fallo de la Corte debió haber sido distinto. De hecho el artículo 14 bis de la CN establece que 'el trabajo en sus diferentes formas deberá gozar de la protección de las leyes'...”

El laboralista enfatizó que en el contrato de trabajo “no hay dos partes en igualdad de condiciones que negocian, circunstancia agravada por la pandemia”.

La definición de la CSJN se cifró en base a un caso singular como el expediente “Ocampo contra BGH” y en el marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Resalta perfiles en tiempos de pandemia y crisis laboral y no falta quien aprecie que si de reformas laborales se trata, este fallo ofrece algo más que un vector indirecto.

Según el titular de la secretaría académica de Relaciones del Trabajo (UBA), Luis Roa, la decisión de la Corte “es reprochable porque se sirve de un fallo de la cámara laboral que muestra algunas fisuras, y exhibe una vía patronal de escape a la prohibición de los despidos”. Roa le remarcó a este diario que la cuestión es evitar el fraude laboral que se produce al utilizar una norma de cobertura valida -la extinción por mutuo acuerdo-, con un fin diferente para el cual fue creada.

“No me parece que la solución sea la derogación del artículo 241 de la LCT o la homologación de los acuerdos rescisorios de mutuo acuerdo. Lo primero por impracticable, y lo segundo porque homologar cuestiones no controvertidas, abriría la puerta a las homologaciones express como las del sadomenemismo, que hacían imposible todo reclamo posterior por imperio de la cosa juzgada”.

Otro laboralista y experto en derecho sindical, Carlos Marín, sostuvo que la discusión no es una novedad, y apuntó que las escribanías como sede para finalizar contratos laborales es cuestionable ante circunstancias concretas. “Nadie puede certificar si el trabajador ha tenido asistencia jurídica adecuada o si se le han respetado sus derechos. Asistencia, además, que el escribano no puede suplir”. Incluso Marín sostiene que el artículo 241 de la LCT no define en forma contundente si estos acuerdos equivaldrían a los celebrados ante la autoridad administrativa del trabajo o la Justicia. “Una escritura solo debería constituir un indicio de prueba y no un acuerdo validado en si mismo. Cabe agregar también que para el empleador ese tipo de acuerdos tienen sus riesgos.
Considero que la CSJN no fue por el buen camino, y en todo caso desde la legislación quizá, se debería 'remendar' este desacierto jurídico de la ley 20.744 y, retirar del artículo 241 que un acuerdo por desvinculación pueda realizarse vía escritura pública”.

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