Media docena de intendentes peronistas del interior profundo de la provincia de Buenos Aires se reunieron ayer en la ciudad de La Plata donde discutieron diferentes temáticas cuyo eje central giró en torno a la adhesión o no a la Ley de Responsabilidad Fiscal que pretende implementar el gobierno de María Eugenia Vidal.

Los jefes comunales buscaron aclarar aspectos técnicos de la norma impulsada por la gobernadora y sancionada a finales de 2017 por la Legislatura bonaerense, la que entre otras cuestiones limita el endeudamiento y la ayuda financiera que puedan recibir los municipios a que adhieran a la medida que resisten.

También le pone un límite y ejerce un control sobre la contratación de empleados y busca bajar las tazas de ingresos brutos, apuntando de alguna manera a una uniformidad entre distritos con realidades muy diferentes.

Frente a esa situación, los jefes comunales decidieron buscar una salida alternativa, llevar a cabo un relevamiento que ponga luz sobre la situación económica y productiva de cada uno de sus territorios. Además, le solicitarán una audiencia a Vidal para discutir estos temas cara a cara.

Del encuentro, que tuvo lugar en la sede del PJ local, participaron entre otros, los alcaldes Alfredo Fisher (Laprida), Marcelo Santillán (González Cháves), Germán Lago (Alberti) y Gustavo Cocconi (Tapalqué), a los que se sumaron los legisladores bonaerenses Guillermo Escudero, Juan Manuel Pignocco y Walter Abarca, dirigentes sindicales, y la economista Silvina Batakis, quien pasó revista a los alcances de la ley. En tanto que los intendentes que se encuentran de vacaciones, enviaron sus respectivos representantes.

"Los nuestros son distritos que generan riquezas" pero "si queremos que sigan creciendo, necesitamos solucionar estas problemáticas" y no avanzar en un "pacto fiscal donde nos comparan con el conurbano bonaerense", sostuvo Marcelo Santillán, intendente de González Cháves, quien buscó dejar en claro que no se oponen a la ley, ni a controlar el gasto, sino "a que nos manden una ley y nos digan adhieran o no adhieran. Esta es nuestra postura y por eso queremos que la gobernadora nos escuche", agregó.

"El Pacto Fiscal es un tema complicado porque impacta en la autonomía de los municipios", había dicho por su parte Walter Torchio previo al encuentro.

En esa dirección, agregó que la ley deberá ser analizada "con detenimiento" ya que "posiblemente tenga algunos valores que valen la pena acompañar".

El intendente de Carlos Casares dijo no tener"una posición definida al respecto", consideró que deberán analizar la norma con "cautela".

Consciente de que no todos los municipios del interior bonaerense tienen espaldas, Francisco "Paco" Durañona (San Antonio de Areco), había advertido sobre la necesidad de algunos distritos de "mantener una relación más cercana" con una gobernación que según dijo, ejerce "una política de latigo y billetera terrible".

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