Gabriela Carpineti es directora nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, pero prefiere autodefinirse como una “pequeña funcionaria” a secas. “Me debo a un programa que expresa la encíclica franciscana y de los movimientos populares Tierra, Techo y Trabajo”, apunta la abogada y militante del Frente Patria Grande, a cargo de 90 centros en todo el país en los que todos los días se reciben denuncias sobre las dificultades para acceder a la Justicia por parte de los sectores populares. Sólo entre el 1 de junio y el 31 de agosto ingresaron más de 26 mil consultas vinculadas a temas sociales, desalojos y violencia de género.

En diálogo con Bae Negocios, señala que el proyecto de “Organización y Competencia de la Justicia Federal” no tiene en cuenta “los problemas de la accesibilidad” y que no se trata de una “reforma profunda y estructural, que viene a discutir las cuestiones de fondo”, sin embargo destaca que es "un paso adelante". 

-¿Cuál es el grado de acceso a la Justicia en la Argentina?
-El debate del acceso a la Justicia suele estar ausente cuando los gobiernos discuten públicamente las reformas judiciales, independientemente del signo ideológico y partidario. Siempre que se discuten reformas se debaten cosas de la superestructura, de la burocracia judicial, de la administración de Justicia y no de los problemas de la accesibilidad, que justamente tienen que ver con los problemas de las desigualdades sociales. Una de las funciones centrales que tiene el acceso a la Justicia es la de distribución del poder social y económico.

-¿El proyecto de reforma judicial, que presentó el Ejecutivo nacional y tiene media sanción del Senado, tampoco contribuye a generar un mayor acceso a la Justicia?
-La reforma que propone el Poder Ejecutivo es un paso adelante. Es importantísimo para la democracia argentina que esta propuesta se convierta en ley. La acompañamos y apoyamos. También es cierto que son muchas las voces, en particular destaco la de la vicepresidenta, que puntualizan que llamar a este proyecto de reforma judicial es ubicarlo en un lugar demasiado exagerado. Son sólo algunas modificaciones necesarias y básicas para evitar abusos y arbitrariedades, pero no se puede decir que es un proyecto de reforma profunda, estructural, que viene a discutir cuestiones de fondo en relación al ordenamiento del Poder Judicial.

-¿Por qué entonces este proyecto genera tantas resistencias en un sector de la Justicia Federal?
-No se trata de cambios de estructura y de fondo, sino de algunas mínimas propuestas de un reordenamiento básico para lograr una mejor convivencia democrática de los poderes, sin embargo algunos sectores son tan resistentes que tienen como blanco a la ministra de Justicia (Marcela Losardo). La agresión mediática, judicial y corporativa que está sufriendo la ministra  me parece que es significativo de cómo esta élite judicial se resiste hasta los más mínimos cambios superestructurales.

-¿Que sería necesario reformar en el Poder Judicial para que haya un mayor y mejor acceso a la Justicia?
-Una cuestión fundamental es trabajar en un proceso profundo de descentralización del Poder Judicial en los territorios. Hay que lograr que quienes trabajan en los poderes judiciales tengan la obligación de manera permanente y periódica de construir un puente directo con los problemas de los sectores populares. Los jueces, fiscales y defensores tienen que tener un proceso de empatía y sensibilización para comprender la realidad de los sectores populares. Algunos días por semana, ellos deberían realizar su trabajo en los territorios, barrios y periferias donde viven los sectores trabajadores y populares de nuestro país.

-¿Cuáles son algunos de esos problemas que tienen los sectores populares?
-Muchas personas de los barrios populares necesitan que los jueces sean sensibles a los problemas que tienen en relación al acceso a los servicios públicos de las empresas privatizadas. O, por ejemplo, hay magistrados que están dictando órdenes de desalojos en barrios que están censados sobre el registro nacional de barrios populares porque tienen un total desconocimiento de la ley del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

-¿Qué otras problemáticas detectaron desde los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)?
-Están todos los problemas penales. El vínculo entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes de los barrios populares es un vínculo estructuralmente deteriorado en democracia, que necesita reinstitucionalizarse y recrearse. Es importante que existan jueces y fiscales que controlen a las fuerzas de seguridad y las tareas que realizan en esos barrios. Para que exista una reforma de las fuerzas de seguridad antes tiene que existir una reforma judicial estructural. La política criminal no depende de los agentes de las fuerzas de seguridad, sino del Poder Ejecutivo en diálogo con los Poderes Judiciales. Además de las consultas sobre violencias institucionales de todo tipo, ha habido un estallido de cuestiones sobre las violencias de géneros.

-Entonces el problema no es la ausencia del Poder Judicial en los barrios populares, sino que los jueces y fiscales sólo se involucran con el fin de advertir que las personas que viven en esos barrios violan la ley y no para garantizarles el acceso a sus derechos...
-Estadísticamente, si vas a un barrio popular del Área Metropolitana de Buenos Aires o de cualquier periferia -como dice el Papa Francisco “geográfica y existencial de nuestro país”- hay más personas atravesadas por el sistema penal selectivo que personas que hayan accedido a la Justicia para restituir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sobre esto último, uno se puede preguntar cuántas empresas que producen daños ambientales en esos barrios están perseguidas penalmente en comparación con las personas que viven ahí y están perseguidas penalmente por cuestiones vinculadas a la propiedad. Casi ninguna empresa y miles de vecinos con problemas penales.

-Esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió con rapidez sobre el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, ¿considera que esa celeridad está asociada a esa desigualdad para acceder a la Justicia entre unos sectores y otros?
-Es una Corte demasiado comprometida con las corporaciones mediáticas y económicas y visiblemente descomprometida con el devenir de los problemas de las mayorías. La Corte decidió defender intereses minoritarios. Si me quedo con la foto de estos días, de alguna manera, la Corte se le paró de manos al Gobierno, que propone una serie de cambios muy tenues y muy posibles. Incluso, a mí, me hubiera gustado que la reforma hubiera sido más reforma.

-¿Cree que el fallo de la Corte está vinculado a la reforma judicial que el Ejecutivo nacional quiere llevar adelante?
-Es imposible no leer el fallo de la Corte como un gesto político. Fue un acto de rebeldía frente al Gobierno. Hablemos de una Corte rebelde.

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