Con motivo de cumplirse los dos mil días de la detención de Milagro Sala, organizaciones sociales encabezadas por la Tupac Amaru y organismos de derechos humanos, realizaron la última semana un acampe en Plaza de Mayo en reclamo por su liberación, a la que consideran de arbitraria. En ese contexto, el abogados de la dirigente social, Luis Paz, quien integra el equipo de letrados defensores, concedió una entrevista a BAE Negocios, ocasión en la que explicó su situación procesal, denunció una persecución política en su contra y advirtió sobre violaciones a sus derechos humanos.

¿Cúal es la situación judicial de Milagro Sala?
—Milagro está con una prisión preventiva desde enero de 2019, en ese momento sufrió la condena a 13 años por parte del Tribunal Oral Criminal número. 3 de Jujuy. Ya estaba detenida preventivamente desde el 16 de enero de 2016. Ese expediente está en Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja desde el 18 de marzo del año pasado, pendiente de resolución y pedido que se hizo reclamando la nulidad del juicio por no menos de 60 nulidades que presentamos durante la investigación y el juicio oral y público que no fueron atendidas por los jueces y pidiendo, obviamente, la nulidad para que tenga Milagro un nuevo juicio justo y con jueces independientes.

¿Han tenido respuesta por parte de la Corte Suprema?
—Hoy el expediente está en manos del procurador interino, Eduardo Casal, quien no ha emitido opinión todavía, aunque imagino cual será esta con sus antecedentes y con los de la Corte.

La situación de Milagro está acompañada de otros dirigentes de la Tupac Amaru que también han sufrido prisión.
—No solamente Milagro está condenada, hay otros nueve compañeros y compañeras que también están con condenas con una menor pena y con prisión domiciliaria todos ellos.

Si bien admitió que la situación de Milagro era arbitraria, Alberto Fernández negó la existencia de presos políticos en el país ¿Cómo se compatibilizan esas apreciaciones?
—Conozco la opinión del presidente, para él, Milagro está detenida arbitrariamente. Ella fue privada de su libertad en enero de 2016 y no la detiene ni el juez que ordena la detención, ni el fiscal, la detiene el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, y a partir de esa situación, entendemos que su detención es un hecho político. Luego de la visita en 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la provincia,  esta le otorga una medida cautelar, en la que dice que Milagro está detenida por ser lideresa, mujer, indigenista y una clara opositora al gobierno local y nacional de esa época, lo que es una definición de presa política. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratifica esa medida cautelar y le otorga una medida provisional en la que le ordena al Estado argentino que Milagro no puede estar detenida en un establecimiento penitenciario porque corría peligro su vida y su integridad física y es beneficiada con el arresto domiciliario. Con ese cúmulo de antecedentes documentales de organismos internacionales, podemos concluir que Sala es una presa política. Entonces, la opinión del presidente obviamente es absolutamente respetable, pero no se trata ya de un tema semántico o lingüístico. Milagro está arbitrariamente detenida, es una presa política y la solución que nosotros estamos buscando es de índole política.

¿El arribo del Frente de Todos a la Casa Rosada cambió algo respecto a la criminalización de la protesta social que se vino advirtiendo por parte del gobierno de Gerardo Morales?
—De ninguna manera, hay un pedido de intervención federal a la provincia de Jujuy que está en la Cámara de Senadores de la Nación realizado por parte del senador Guillermo Snopek, quien está en las antípodas de la Tupac Amaru. El advirtió que desde la asunción de Gerardo Morales, la cantidad de violaciones a la protesta social, la violación a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias de dirigentes, estudiantes y docentes. El jueves último, Morales echó al fiscal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Nicolás Snopek, que osó investigar a dos legisladores que armaron una empresa de salud por el tema del coronavirus. La legislatura provincial viene funcionando como el brazo ejecutor del gobernador, quien actúa con mano militar todo el tiempo contra nosotros.

El CELS y otros organismos de derechos humanos se entrevistaron con Milagro para interiorizarse sobre su situación ¿participaste de ese encuentro?
—Podría haber participado de esa actividad, pero con el equipo de defensa preferimos que los integrantes del CELS se encontraran a solas con ella porque necesitamos que tengan un acabado conocimiento objetivo de la situación de Milagro, una mujer que tiene 17 procesos en su contra armadas por Morales.

¿Cuál  es la condición emocional de Sala?
—Es una persona que tiene sobre sus espaldas una tremenda persecución judicial, acompañada de una persecución mediática, pero además, la complicidad y los vínculos de la política local con Morales es notoria. Nadie en condiciones normales podría soportar una persecución semejante.   

¿La responsabilidad sobre su situación es solo de parte del gobierno jujeño? 
—Con el desandar de todas las causas judiciales contra Milagro, estoy visualizando claramente la violación sistemática y organizada de sus derechos humanos, de las garantías procesales y del derecho a la legitima defensa por parte del Poder Ejecutivo de Jujuy y con la participación activa en su momento del Gobierno anterior, llámese Mauricio Macri o Germán Garavano, y de los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Existe una responsabilidad directa, lisa y llana del Estado argentino, se violaron los derechos humanos de Milagro y sobre esto no hay grises.
    

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Horacio Aranda Gamboa

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