El presidente Alberto Fernández señaló hoy en su cuenta de Twitter que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil "dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena" de Luis Inácio Lula Da Silva "apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso" y advirtió que en caso de "dar marcha atrás" con esa medida "por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional" para ese país "y un daño incalculable" al estado de derecho.

"El STF de Brasil dispuso días atrás anular los juicios que habían determinado la condena de @LulaOficial apartando al juez y a los fiscales que intervinieron en el caso", señaló el mandatario en su cuenta de la red social, y afirmó que esa desición "tuvo singular relevancia porque dejó en evidencia el accionar de distintos factores de poder (políticos y mediáticos) que condicionaron la administración de Justicia para restarle a un ciudadano la posibilidad competir electoralmente".

En esa dirección, Fernández consideró que "la nulidad dictada por el STF dejó en todos nosotros, defensores del Estado de Derecho, la convicción que el sistema judicial de nuestro querido Brasil había preservado la institucionalidad democrática.

Advirtió sin embargo que "en estos días, vemos con preocupación" que se "pretende reiniciarse la persecución" al expresidente de Brasil "utilizando las mismas malas prácticas que ya antes fueron usadas".

"El sistema judicial de Brasil ha demostrado su capacidad de auto revisión preservando la correcta administración de justicia. Ello representa una bocanada de aire fresco para el respeto de la democracia en la región", señaló Fernández, quien consideró a Lula Da Silva como "un líder democrático no solo para Brasil si no también para todo el continente Latinoamericano" y agregó que "la persecución que lo encarceló y condenó indebidamente representa una mácula que Brasil no merece y que el STF ha comenzado a limpiar.

El jefe de Estado subrayó que "dar marcha atrás en la decisión tomada por el STF por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia".